Además de sus problemas judiciales por supuesta corrupción en el caso Nóos, Alfonso Grau sorprendió recientemente por su tono desafiante ante la prensa cuándo le preguntaron por la posibilidad de que asumiera responsabilidades políticas y dimitiera por los delitos que se le imputan. Entonces, de muy malas formas, defendió que no estaba técnicamente imputado para negarse a dimitir y desafió a su propio partido con un "nadie me va a marcar mis decisiones". La justicia sigue su curso ajena a estas peroratas y la Audiencia de Palma ha estimado el recurso interpuesto por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, ratifica que el vicealcalde y mano derecha de Rita Barberá será juzgado y se refieren a él como "imputado".



Plazo para que Grau se defienda
Grau será juzgado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad de documento oficial en el marco del caso Nóos, es decir, la presunta trama corrupta de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres para lucrarse con contratos públicos. En un auto emitido hoy, el tribunal provincial ratifica la decisión y los argumentos que ya empleó el pasado 7 de noviembre al corregir el sobreseimiento de la imputación de Grau dictado por Castro en el escrito de pase a procedimiento abreviado. Además, ordena al juez instructor conceder "con la mayor diligencia" un plazo para que el vicealcalde presente su escrito de defensa. Precisamente esta mañana, Castro ha comunicado a los otros 17 acusados que tienen hasta el 1 de abril para argumentar su defensa y aportar las fianzas de responsabilidad civil que les ha requerido.

"Impulsor de la concertación" por la que Urdangarin recibió 3,5 millones
La Audiencia de Palma considera que de las actuaciones practicadas se desprende que Grau "fue impulsor de la concertación" entre la Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau (FTVCB), que él preside, y el Instituto Nóos para organizar tres foros sobre deporte y diseñar la candidatura para unos Juegos Europeos, servicios por los que la entidad de Urdangarin y Torres cobró 3,5 millones de euros. Los magistrados entienden que Grau promovió los contratos "tanto de modo activo como por omisión, pese a ostentar una posición de garante de los fondos públicos que manejaba la FTVCB".

Burla de las normas de contratación
La Audiencia reitera en que, aunque materialmente la fundación actuaba como una entidad privada, "se refugiaba" en esa naturaleza jurídica "pese a que en realidad era de interés público, para burlar las normas de contratación, las cuales, cuando menos a partir de marzo de 2005 (el convenio para el segundo foro Valencia Summit se firmó en octubre de ese año), le eran de obligado cumplimiento". Agrega la sala segunda del tribunal provincial que, en cualquier caso, el conocimiento de Grau sobre cuáles eran las obligaciones de la fundación que presidía es una cuestión que debe dilucidarse en un juicio. "Respecto a las dudas que pudieran existir en cuanto a la naturaleza pública de la fundación, se trata de un problema de dolo, o más bien de error, como aspecto negativo al mismo", incide. Apoya su decisión además en testimonios de miembros del patronato de FTVCB que señalaron que era la dirección del organismo la que proponía las decisiones a adoptar en las juntas de patronos, lo que se hacía con escasa información y sin votaciones.

El "imputado señor Grau"
Abunda la Audiencia en que "la participación del imputado señor Grau deriva tanto del compromiso económico del Ayuntamiento, como porque para llevar a cabo el proyecto era necesaria la participación del Consistorio y ésta estaba ya comprometida desde el momento en que (la alcaldesa) Rita Baberá remite a Urdangarin y Diego Torres a la FTVCB y la CACSA (Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA)".