Este trato feroz ha sido criticado por la Asociación de la Judicatura Eventual Catalana (Ajudicat) y por la Asociación de Jueces Concepción Arenal (AJCA): “la sentencia termina con la vergonzosa condena en costas limitadas al máximo de 4.000 euros, siendo ésta su cuantía máxima, con ensañamiento, olvidando que las costas que se vienen imponiendo para cuestiones de personal en la vía contencioso-administrativa no suele superar los 300 euros”. Hay que resaltar que los jueces solicitaron la acumulación de las demandas que el Supremo les denegó.
30 años de trabajo provisional
Esta es la segunda parte de una situación que concluye con un período de 30 años de trabajo de 1500 trabajadores en los juzgados españoles donde de forma muy precaria han paliado la sobrecarga de trabajo del sistema judicial sin seguridad laboral, sin garantía económica y redactando el 30 por ciento de las sentencias dictadas durante ese tiempo.
Contrato cero horas
“Es un revés del Supremo a los derechos sociales a través de una sentencia en contra de los jueces sustitutos, que abre la puerta de par en par a la precarización del trabajo mediante un régimen jurídico idéntico al contrato cero horas que tantos quebraderos de cabeza está causando en Europa y el Reino Unido”, denunciaba Ajudicat tras conocer la sentencia.
Contra la política social de la UE
Considera también la asociación que este fallo del Supremo supone un revés a la política social de la UE, la Carta Europea de Derechos Sociales, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 4 ET y 14 del EBEP.
Precarizan el trabajo
“Mediante una fundamentación puramente teórica, el Tribunal Supremo abre la puerta a la precarización del trabajo en España. La sentencia basa su decisión desestimatoria esencialmente en la propia naturaleza de la figura del Juez sustituto, que según dice es solamente la de hacer sustituciones”, aseveran.
“Eventuales indefinidos”
Dicen los jueces sustitutos que la sentencia no ha entrado a valorar si esta razón objetiva se ha cumplido en la realidad: “tras más de 30 años de concatenación de contratos temporales de gran parte de los Jueces sustitutos españoles, el Supremo abre la vía para que cualquier trabajador eventual lo sea de forma indefinida, lo que sin duda vulnera el espíritu y finalidad de la Directiva 1999/70/CE.”
Cero horas-cero derechos
“Es decir, según los fundamentos de derecho de la sentencia, cualquier razón objetiva en el plano teórico permite la utilización de forma permanente e indiscriminada de la contratación temporal, lo que en la práctica supone la vía de entrada a los contratos cero horas–cero derechos”, continúan.
Demasiada temporalidad
Se refieren con ello a que “cualquier contrato en el que se diga que su finalidad es la sustitución de otro trabajador (tanto público como privado) podría ser objetivamente válido y concatenarse indefinidamente por esa misma razón, validando el abuso de la temporalidad que precisamente intenta corregir la cláusula quinta de la directiva”.
Indefensión y falta de tutela judicial
Para Ajudicat y AJCA se ha producido una clara indefensión de los jueces sustitutos demandantes” y añaden que echan también a faltar “la tutela judicial efectiva”. Consideran además poco sólida la afirmación de que no existe discriminación ni diferencias retributivas con otros profesionales y señalan que no se ha corroborado este punto por los medios de prueba propuestos y que no debieron interesar al Tribunal.
Abuso de la contratación temporal
“Es una sucesión de despropósitos que más allá de destruir el futuro profesional de los jueces sustitutos debe hacer recapacitar a los operadores jurídicos, sindicatos y ciudadanos que hemos retrocedido en derechos sociales básicos y que nuestro alto Tribunal ha tomado una decisión que perpetua el abuso de la contratación temporal, dejando una puerta abierta a la ya precarizada situación de los trabajadores españoles”.
Rajoy dice una cosa y el Supremo hace otra
Concluye así las asociaciones de jueces: “las últimas declaraciones del presidente del Gobierno español, prometen la erradicación de la contratación temporal y apuestan por la estabilidad laboral. Sin embargo, es muy preocupante que el más alto tribunal de justicia española responda de esta manera a los postulados de la política sociolaboral que pretenden alcanzarse, alejándose estrepitosamente de las directrices de la Unión Europea dirigidas a lograr, con la estabilidad laboral, el crecimiento económico de los países miembros”.
