La jueza Carmen Valcarce, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, ha decidido, por tercera vez, el sobreseimiento provisional de la causa que investiga el supuesto espionaje a altos cargos en la Comunidad de Madrid porque, según señala en su auto no se puede saber "con un mínimo de base" qué parte de los recursos utilizados por los agentes que realizaron los seguimientos, como coches, teléfonos móviles y horas de su jornada laboral, fueron dedicados a la labor de espionaje y por tanto fueron objeto de malversación de fondos públicos.

La jueza no valida los testimonios de los 'espías'
La jueza invalida los testimonios de los imputados, que reconocieron los seguimientos,  señalaron quiénes los ordenaron y hasta explicaron la forma en que se realizaron porque no han sido "refrendados por otras pruebas".

Cobo y Prada, objetivos en medio de la guerra en el PP
La misma jueza decidió el pasado mes de octubre abrir juicio oral en el caso del espionaje en la Comunidad de Madrid por un delito de malversación contra los presuntos responsables de los seguimientos realizados al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero de Justicia Alfredo Prada, en mayo de 2008, en medio de la guerra interna en el Partido Popular, entre el sector liderado por Esperanza Aguirre y el afín a Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón.

La Audiencia obligó a la jueza a reabrir el caso
La Audiencia Provincial de Madrid rectificó en dos ocasiones anteriores a la jueza al considerar que había suficientes indicios de un delito de malversación de caudales públicos en la causa como para continuar con la instrucción, y le obligó a reabrir el procedimiento.

La jueza valida el recurso presentado por la Fiscalía argumentando que no le resulta posible concluir qué parte de los recursos públicos fueron dedicados al espionaje y contradice la opinión de la Audiencia Provincial, que aunque admitió la complejidad para determinar la parte del gasto público dedicado a los seguimientos, consideró que este caso no podía quedar impune.

La jueza no tiene en cuenta las grabaciones
El archivo de esta causa llega después de que el diario El Mundo desvelara grabaciones de conversaciones entre los tres guardias civiles que realizaron los seguimientos a los y el entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en las que se habla del hombre que dio la orden:  Sergio Gamón, exdirector general de Seguridad y del interés del vicvepresidente del Gobierno madrileño en aquellas fechas, Ignacio González, en el espionaje. La jueza no menciona las grabaciones en su auto.