El coronel Costilludo, en un puesto de diplomáticos
Ahora, de nuevo gracias al portal de la transparencia, que no puede taparlo todo por mucho que se empeñaron sus autores diseminando informaciones en lugar de agrupándolas, hemos podido saber que además el Gobierno paga el trabajo de este coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra con 94.461,81 euros anuales.
Andrés Costilludo, el militar director del Departamento de Protocolo del Presidente. JPG
En su momento, el nombramiento del coronel Costilludo pasó bastante desapercibido, aunque incluso en los medios más afines al gobierno se sintieron 'obligados' a dar explicaciones a un nombramiento atípico, ya que el puesto de director del Departamento de Protocolo de la Presidencia había sido ocupado por diplomáticos, que reciben formación específica en este campo: "tiene una sobrada experiencia en cuestiones de protocolo, ya que ha pasado los últimos veinte años dedicado a ellas", se escribió en el ABC.
En realidad, este nombramiento no era sino el más llamativo de un goteo de apuestas por nombrar a militares para cargos 'civiles' o que habían sido ocupados por civiles, que han menudeado desde que en 2011 el PP regresó al Gobierno. Un goteo que incluye también a las comunidades autónomas.
Por Gobierno Central, Comunidades y Ayuntamientos...
En nuestra página colaboradora Losgenoveses.net hay un más detallado seguimiento de estos nombramientos. Pero aquí podemos resaltar algunos. En el gobierno central, por ejemplo, la llegada del PP a Moncloa, supuso que volvieran a 'manos militares' puestos que se habían ocupado por civiles en los últimos años, caso de la Dirección General de Infraestructura o de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del ministerio de Defensa.
O que en Interior se haya situado al frente de Protección Civil y Emergencias a un general, Juan Díaz Cruz... Bien es verdad, que en este caso, la 'colocación' podía venir explicada en los antecedentes 'profesionales' que le recomendaban: había sido ayudante de campo de Juan Carlos I.
Rajoy, con un gesto de evidente satisfacción, rodeado de tropas en un acto naval. Foto EFE
Incluso, como en épocas ya casi olvidadas, también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, decidió echar mano de militares para ocupar los puestos de delegado del Gobierno en diferentes comunidades. Así, nombró como delegado para Ibiza y Formentera a Rafael García Vila, teniente coronel en la reserva... Decisión que, por cierto, luego le resultó problemática porque el militar, molesto porque no se le tenía el debido respeto, el pasado mes de octubre dejó el destino.
Oxímorons y ruidos de sables
Y si lo hacían en el Gobierno central, por qué no lo iban a hacer también los 'barones'. Así José Ramón Bauzá decidió que un general, Luis Alejandre, era la persona ideal para ocupar la vicepresidencia del Consell de Menorca, o un capitán de navío el que llevara la gestión de los grandes puertos civiles como presidente de la Autoridad Portuaria balear. Y quizás, lo que puede parecer más chusco, como hijo de militar de banda (porque tocaba en una), Bauzá decidió olvidar aquello de que música y militar forman un oxímoron (términos antitéticos), y nombró gerente del Consorci per la Música de les Illes Balears a un militar exmiembro de banda militar, Marcelino Minaya.
No fue el único. No podía faltar en la lista María Dolores de Cospedal, que también puso un militar en su estructura de mando, y para dirigir la Protección Ciudadana decidió elegir a un teniente coronel, Antonio Puerto.
En Andalucía, como no tenían acceso a nombrar desde la presidencia de la Comunidad, la elección de militares para cargos civiles se produjo en niveles de ayuntamiento. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, pensó que quién mejor que un militar para ocupar el puesto de Defensor del Ciudadano, y nombró a un comandante en la reserva, José Barranca López.., aunque en su historial militar lo que más destaca fue su apoyo declarado al teniente general José Mena Aguado, que en 2006 'pasó' a la reserva vía rápida después de declarar que consideraba su "obligación alertar de las graves consecuencias de la aprobación del Estatuto de Cataluña".
