Cartel de la campaña '1 kilo, una esperanza' realizada a cargo del Grupo Patriota Asturias, vinculado a Falange Española Cartel de la campaña '1 kilo, una esperanza' realizada a cargo del Grupo Patriota Asturias, vinculado a Falange Española



El diputado por Asturias de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares ha registrado este mes de diciembre una batería de preguntas al Gobierno sobre qué medidas piensa tomar para impedir los repartos de alimentos "exclusivamente a familias españolas" por parte de "grupos organizados de ultraderecha", como la campaña '1 kilo, una esperanza' que se ha realizado recientemente a cargo del Grupo Patriota Asturias, vinculado a Falange Española.

¿Actuará el Gobierno?
En concreto, Llamazares quiere saber si el Gobierno de Mariano Rajoy piensa poner en manos del Ministerio Fiscal ese asunto y otros similares que se han desarrollado en España, para que considere si estos hechos "pudieran ser constitutivos de delito".

Discriminación de ciudadanos
El diputado de Izquierda Unida recuerda que  la Ley establece que una asociación será declarada ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos y conductas como "la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual".  Además, Llamazares exige al Partido Popular que lleve al Parlamento alguna iniciativa legislativa concreta para la sanción de actividades contrarias a los valores constitucionales de convivencia, como es el caso de aquellas que discriminan a los ciudadanos en razón de la nacionalidad, desarrolladas por partidos políticos, asociaciones o fundaciones.

Iniciativas similares
En este sentido, recuerda al Gobierno de Mariano Rajoy que iniciativas similares a las de Oviedo han tenido lugar en otras ciudades como Madrid o Valencia por parte de otros grupos falangistas "en su intento de ganar adeptos y que llevan  parejos infinidad de polémicas.

Peligrosos antecedentes
Tanto es así que el pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) se vio obligado a no autorizar a la formación España 2000 un reparto de alimentos “sólo para españoles sin recursos” que tenía previsto realizar en su caseta del recinto ferial durante la semana de fiestas locales. Además, esta localidad  puso en conocimiento de la Fiscalía Provincial el anuncio de dicha convocatoria.