La Junta ha impulsado la universalidad del servicio de mediación familiar a través de un nuevo Registro Público de profesionales, consistente en una red de profesionales con el que se pretende universalizar el acceso a este servicio de toda la ciudadanía, llegando a cada rincón de la geografía andaluza. La creación de este Registro Público de Mediación Familiar de Andalucía, garantiza la accesibilidad a este servicio de todas las familias andaluzas, independientemente del lugar donde residan.

Línea estratégica de la Junta
La mediación constituye una de las líneas de trabajo estratégicas de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales dentro del marco de la prevención en materia de familias y menores y consiste en que un tercero ayuda a dos o más partes, con el consentimiento de éstas, a prevenir, gestionar o resolver un conflicto en el entorno de la familia. Así, impulsar la mediación familiar puede conllevar un considerable ahorro de tiempo, dinero y de desgaste personal de los miembros de la unidad familiar, especialmente en el caso de los menores.

Cultura de la mediación
En este sentido, la Junta está apostando por incorporar la cultura de la mediación, ya que ésta supone un importante ahorro económico y de tiempo en relación a la justicia ordinaria, al tiempo que representa un elemento que contribuye al crecimiento personal y a mejorar la manera de enfrentarse a conflictos de la vida cotidiana, según demuestran todas las evidencias.

Conflictos que se resuelven
Entre los conflictos que se pueden resolver a través de la mediación, se encuentra el establecimiento de las medidas patrimoniales tras una separación (antes de presentar la demanda de mutuo acuerdo); la ejecución del régimen convivencia, el régimen de visitas con los hijos e hijas, abuelos y abuelas, la pensión de alimentos, o la vivienda tras un proceso de separación; la modificación un convenio regulador o para resolver un conflicto entre parientes por el cuidado de una persona dependiente. También puede afrontar problemas de convivencia entre padres y madres e hijos o hijas o las relaciones de los menores con sus parientes.

La mediación intergeneracional cobra especial relevancia en la situación actual ya que las nuevas fórmulas de convivencia conllevan nuevos conflictos más complejos y difíciles de resolver por las vías tradicionales. Por tanto es necesario ofrecer a los padres y a las madres los instrumentos y habilidades necesarios para afrontar los conflictos con sus hijos e hijas.

Registro público
Con la creación del Registro Público de Mediación Familiar de Andalucía, compuesto actualmente por más de 1.300 profesionales, la Junta vertebra esta actividad y la acerca a la ciudadanía con calidad. Las personas que querían utilizar este procedimiento tenían que desplazarse hasta ahora a las capitales de provincia, una circunstancia que ahora ya no es necesaria, haciendo mucho más accesible el sistema.

Cualquier persona interesada en acudir a la mediación familiar puede dirigirse al Registro de Mediación donde encontrará el listado de profesionales disponibles por provincias. El proceso comienza con la firma de un contrato de mediación entre las partes que establece que se comprometen a participar. Posteriormente, se realiza la recogida de información, la creación de un plan para abordar los temas, la negociación y finalmente el acuerdo final.

Este listado, al que se accede desde la página web de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (www.juntadeandalucia.es/salud), ofrece garantías a la mediación en cuanto a la cualificación de los profesionales, ya que la formación específica establecida es requisito indispensable para la inspección en el Registro. Los mediadores son profesionales de titulación universitaria o de grado en las disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social o Educación Social que han acreditado una formación específica o experiencia en este campo.

Apoyo a las personas más vulnerables
El sistema de mediación familiar supone también un apoyo firme a las personas más vulnerables y que están en peor situación, que pueden acceder gratuitamente al servicio. El requisito para solicitar la gratuidad del servicios por parte de la ciudadanía es, con carácter general, que la unidad familiar de los solicitantes no supere el doble del Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) vigente en el momento de la petición, o el cuádruple de dicho indicador cuando la persona solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial (de cuatro o más hijos) o se trate de una persona con discapacidad.

En esta labor, la consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales colaborará estrechamente con la Consejería de Justicia e Interior para sensibilizar y proponer, en el caso de que sea oportuno, el procedimiento de la mediación familiar. Se trata, en suma, de favorecer y facilitar desde los poderes públicos el acceso a un sistema que ofrece muchas ventajas en la resolución de conflictos y con el que, a partir de ahora, llegar a todos los rincones de Andalucía.