De acuerdo con la denuncia que presentó la formación magenta, Hernando aseguró en una entrevista con RNE el 16 de julio de 2013 que UPyD se había financiado ilegalmente.
Unos días después fue Rafael Merino quien en Telemadrid afirmó que en el citado informe del Tribunal de Cuentas se decía que "UPyD tiene una financiación ilegal de 28.000 euros". Además del pago solidario de 20.000 euros, el fallo judicial les obliga a publicar en dos periódicos de tirada nacional el encabezamiento y fallo de la sentencia, y a correr con las gastos de las costas del procedimiento.
En la demanda que presentó UPyD en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid, el partido argumentaba que era "radicalmente falsa" esa hipotética financiación ilegal porque esos 28.476 euros a los que se refiere el tribunal fiscalizador, aunque constan como "donaciones no identificadas", el mismo tribunal también señala en su informe que se trata de "causas involuntarias al partido". La razón de esto, según explicaba UPyD, es que dicha irregularidad no es imputable a su partido sino a la entidad financiera, en este caso al BBVA, que no identificó "suficientemente" al donante. Se trataba de donaciones "perfectamente legales" porque siguieron las vías establecidas y no superaron el límite establecido por la ley. Por tanto, se trataba de un "mero error formal" -señalaba UPyD- debido a que el donante no aportó a la entidad financiera sus datos para poder ser identificado.