Tras fracasar con el 'impuesto Coca-Cola', Artur Mas pretende cuadrar las cuentas con agua

¿En qué se parecen los Gobiernos de CiU y del PP en Cataluña y Madrid cuando se va más allá de sus choques identitarios? Pues además de sus políticas conservadoras en lo económico y los recortes generalizados en que ambos pretenden cuadrar las cuentas con el agua. Si los de Ignacio González siguen exprimiendo el Canal de Isabel II, Andreu Mas-Colell, conseller de Economia i Coneixement de la Generalitat catalana, pretende hacer lo propio en una jugada similar a la que ejecutó en 2012 y que está en los tribunales.

El impuesto a los refrescos quedó en nada
Mas-Colell ha explorado ya sin éxito varios caminos para aumentar la recaudación fiscal, y la larga lista de fiascos amenazan la estabilidad de la Generalitat. Ya el acuerdo de estabilidad para la X legislatura catalana suscrito en diciembre de 2012 por CiU y ERC preveía un total de nueve impuestos nuevos o modificados, con un "impuesto sobre las bebidas edulcoradas" como punto estrella, es decir, un impuesto específico sobre las bebidas de refresco con exceso de azúcar con el que se pretendía recaudar hasta 30 millones de euros al año y que obviamente tenía a empresas como Coca-Cola o Pepsi en el punto de mira. Tras las presiones de las compañías e incluso del embajador de EEUU en España, Alan Solomont, el proyecto quedó en nada.

Dinero que tiene que ser devuelto a los ciudadanos
Pero también quedaron en nada la 'euroviñeta' con la que el conseller pretendía gravar a los camiones que circulan por Eix Transversal, mientras que otro de los salvavidas fiscales a los que se aferró Mas, el cobro del impuesto sobre los depósitos bancarios, sigue en el aire ya que Hacienda llevó la tasa al Constitucional y se espera la sentencia. La incertidumbre existe porque ya hay un precedente muy reciente, el TC declaró en mayo inconstitucional la tasa de un euro por receta médica que la Generalitat implantó el 23 de junio de 2012 y que estaba suspendida desde el 15 de enero de 2013, pero cerca de 100.000 catalanes ya han reclamado al Departamento de Salud la devolución de lo que abonaron en su día durante el período de vigencia de la tasa. Se tienen que devolver así 45,7 millones de euros según los datos de la propia conselleria de Salud, aunque eso sí, queda el consuelo del "efecto disuasorio" que cifraron en unos 110 millones.

Costosos proyectos y remiendos inmobiliarios que no cumplen las expectativas
Los intentos de introducir nuevos impuestos se compatibilizaron con la renuncia a otros como el de sucesiones y el descuadre de las cuentas se completó con grandes proyectos fallidos que agravaron el déficit, como el intento de reflotar Spanair (que dejó un agujero de más de 135 millones). Tampoco ha supuesto un desahogo significativo desprenderse de buena parte del patrimonio inmobiliario de la Generalitat, un plan que se puso en marcha en 2011 con el objetivo de recaudar 1.850 millones de euros y que de momento apenas ha conseguido 532,6 millones y a costa de importantes descuentos en edificios emblemáticos.

Déficit recurrente...
Ante el descuadre de los ingresos los recortes han sido significativos y la falta de liquidez se ha dejado sentir en materias tan sensibles como los pagos a las farmacias (a las que adeudaba 219 millones) o a las residencias de ancianos (que esperan hasta 50 millones pendientes de los conciertos). Y a pesar de los tijeretazos los desfases presupuestarios han sido constantes y en septiembre ya se había superado ampliamente con un 1,4% el límite marcado por el ministerio de Hacienda para todo el año, el 1%.

... que Mas-Colell quiere diluir en agua como hizo en 2012
Tras los fiascos anteriores y más allá de los tiras y aflojas con Montoro a cuenta de la financiación, ahora Mas-Collel ha puesto nuevamente la vista en el agua para salvar el descuadre presupuestario. En 2012 la Generalitat ya consiguió reducir el déficit de la Generalitat en 0,5 puntos con la privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) por un importe total de casi 1.000 millones de euros (aunque la mayor parte destinada a enjugar deuda) y que supuso una concesión de 50 años de vigencia para Acciona. Pero la privatización de la empresa pública que se encarga de gestionar el agua alta —desde la captación de las cuencas fluviales hasta los depósitos municipales— que acaban consumiendo casi cinco millones de catalanes está en el aire porque el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han dado la razón al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) —que depende también de la Generalitat— en cuanto a que la empresa adjudicataria no cumplió las condiciones del concurso y debió haber ganado otra compañía, Agbar.

Negociaciones contrarreloj para emitir deuda con respaldo de nuevo del agua
A pesar de las incertidumbres que pesan sobre la operación precedente no quedan ahí los esfuerzos de Mas-Collel por pescar en la gestión del agua. Así, según fuentes conocedoras de la operación, después de haber traspasado la gestión de depuradoras del área metropolitana de Barcelona a cambio de un canon por 30 años la Generalitat está empeñada en conseguir 800 millones millones de euros de financiación con la emisión de deuda respaldada con los cobros futuros por ese canon. La emisión, una compleja operación de alta ingeniería financiera, la debe llevar a cabo la empresa Aguas de Barcelona Mixta, controlada en un 85% por Agbar y en un 15% por el Área Metropolitana de Barcelona (entidad presidida por el alcalde de Barcelona, el convergente Xavier Trias), para colocarla en los mercados internacionales, que están cerrados para la Administración autonómica. Pero a la Generalitat se le acaba el año para recibir este balón de oxígeno y negocia contrarreloj con el PSC, liderado en las negociaciones por el alcalde de Cornellà y vicepresidente de la AMB, Antonio Balmón, que también tiene que dar el visto bueno a la emisión de deuda como partícipes de la sociedad de gestión del agua.

Acuerdo impopular, los municipios también quieren su parte
Así, estas fuentes explican que los alcaldes socialistas temen los efectos que pueda tener acudir a las próximas elecciones municipales con un acuerdo bajo el brazo que puede ser percibido como una privatización del canon del agua, un coste en sus municipios para además salvar a Mas de otro batacazo en sus cuentas autonómicas. Así, según ha podido saber ELPLURAL.COM, los municipios plantean dos contrapartidas: "congelar durante unos cinco años el canon del agua y que la Generalitat adquiera el compromiso de que parte de los 800 millones que ingresará se destinen a enjugar la deuda con los ayuntamientos metropolitanos".