“El Gobierno ha pasado de la doctrina oficial de no comentar las decisiones judiciales a criticarlas abiertamente… cuando no son de su gusto”. Fuentes judiciales consultadas por ELPLURAL.COM analizaban la actual situación que enfrenta a un sector de los jueces que quieren ejercer la independencia a que están obligados frente a los comentarios cada vez más “atrevidos” de algunos miembros del ejecutivo. Comentarios que han llevado incluso a que la Asociación Jueces para la Democracia manifieste públicamente su malestar con la vicepresidenta del Gobierno por lo que califican de “ataques”.

“Parece que el Gobierno se está viendo sin norte, y han dado un giro copernicano de la postura anterior de 'acatar' que era lo que decían hace unos años a la situación actual en que parece exigen resoluciones en un sentido concreto”, manifestaban las mismas fuentes consultadas por este diario digital. “Diríase que desde esa óptica, los jueces están obligados a dictar sentencias en un determinado sentido. Es de una gran desfachatez”.

Los puestos clave
“Está ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y en el caso de la Audiencia Nacional es una locura”, comentaban también desde el sector judicial: “El Partido Popular busca desde hace mucho tiempo situar a quienes le interesa en puestos clave con especial atención a ciertas instancias: Todas las del Tribunal Supremo y las de la Audiencia Nacional, tanto a nivel de la sala de lo poenal como de los juzgados y en los Tribunales Superiores de Justicia que son los que tienen que juzgar a los aforados”.

El enloquecido caso Ruz
Para las mismas fuentes el caso de Ruz es especialmente curioso: “Se omitió el concurso que se debería haber realizado después de la inhabilitación del juez titular Baltasar Garzón porque en ese momento quizás pareciera interesante que fuera el juez Ruz quien instruyera estas causas. Pero la instrucción no resulta ahora ir por el camino más atractivo y ahora se plantea esta enloquecida solución de que en marzo salga (ahora sí) la plaza a concurso y que Ruz se pueda quedar de refuerzo”.

El refuerzo lleva casos nuevos
El término locura lo aplican precisamente a ese concepto de refuerzo “el que se queda en esas condiciones se ocupa estrictamente de asuntos nuevos según la Ley. Sólo faltaría que el titular le dejara continuar”. En parecidos términos se expresaba ayer el propio Baltasar Garzón en la Cadena Ser en unas declaraciones a Hora 25 en las que afirmaba que el Consejo General del Poder Judicial debía haber actuado con más claridad y confirmar la continuidad de Pablo Ruz hasta el final de la instrucción.

Garzón: “No se fían de los jueces”
“Algunos de los casos que instruye Ruz se encuentran ya muy avanzados, son muy complejos y se "ganaría en credibilidad si el juez que investiga termina su trabajo" dijo Garzón. En su opinión el juez que gane el concurso y ocupe la plaza de Pablo Ruz podrá decidir que no necesita un apoyo porque asume su responsabilidad al frente del juzgado. Garzón asegura que si él fuera el nuevo titular no aceptaría un apoyo. Garzón sostiene que "el gobierno no se fía de los jueces que no son de la cuerda que cree que deben ser", resumía hoy la Cadena SER.

Macrocausas sí o no
En las mismas declaraciones y refiriéndose a la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal impulsada por el Gobierno resaltó la contradicción entre las posiciones que el PP ha mantenido en otros momentos en los que ha defendido la bondad de algunas macrocausas judiciales, y ahora su pretensión de limitarlas con esa reforma.

Falta personal
Añadió Garzón que el refuerzo de la plantilla de jueces no será suficiente, se pregunta "si hay peritos y especialistas suficientes o si con los fiscales se hará una convocatoria igual". Mencionó además sobre la misma reforma que las escuchas e intervenciones de comunicaciones sin permiso judicial que se plantean son "una aberración que atenta contra los derechos fundamentales".

“El caso Gürtel les pone nerviosos”
De estos barros surgieron estos lodos comentaba a ELPLURAL.COM otro magistrado vaticinando un futuro complicado y en una línea similar. “ya dicen que hay que acatar las sentencias con la boca pequeña porque ven el peligro, y es que les está saliendo mal y se ponen nerviosos con los jueces. El caso Gurtel afecta a mucha gente del PP, con el tema de Urdangarín ocurre lo mismo, hay mucha gente del PP afectada, sobre todo en Valencia...”

Los problemas de la reforma laboral
Y no solo en el ámbito penal. La reforma laboral, dicen los juristas de esta especialidad, está provocando muchos problemas… sobre todo cuando las sentencias no son las más apetecidas. “No se dan cuenta de que la reforma está muy mal hecha y que cada vez que la tocan, la empeoran más”. Dos próximas vacantes en la sala IV de lo social se teme provoquen nuevos movimientos para encajar las piezas del modo más oportuno.

Los ataques de Soraya
También Jueces para la Democracia denunciaba el ataque a esta independencia judicial consagrada en el capítulo VI de la Carta Magna que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría quien afirmó sobre la excarcelación de varios etarras que el Gobierno no lo entendía y “está en total desacuerdo”.

Decisión Marco de la UE
Se produjeron estas declaraciones cuando la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordado la excarcelación de varias personas condenadas por terrorismo, “al considerar que ya han cumplido la pena que se les había impuesto, una vez computado su tiempo de condena en Francia, de acuerdo con una Decisión Marco de la Unión Europea que resulta vinculante para nuestro país, en la línea de lo que ha indicado el Tribunal Supremo en esta materia”, explica JpD.

Dureza oficial contra la Audiencia
Ante dichas decisiones judiciales, “que están ampliamente motivadas”, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como portavoz del Consejo de Ministros, “ha atacado con dureza a los magistrados de dicho tribunal. Y determinados medios públicos de comunicación también han arremetido en términos similares contra quienes integran dicha sección y contra otros magistrados de la Audiencia Nacional” explican.

 “Presiones inaceptables”
Jueces para la Democracia señalaba que en un Estado de Derecho son los tribunales independientes los únicos competentes para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Y que los otros poderes del Estado deben acatar y respetar las decisiones judiciales. Sin que sea aceptable, explicaban, la descalificación institucional, “ni tampoco las presiones para que nuestros órganos judiciales se ajusten a los criterios del poder político”.