Pero esta revisión no supone admitir que el PSOE traicionara entonces a la clase trabajadora, como se ha sostenido de manera falaz y malintencionada. Ni que aquella reforma supusiera el desmantelamiento directo e inexorable del Estado de Bienestar. Ni que la nueva redacción del 135 impulsara y legitimara los recortes sociales del Gobierno del PP, que se hubieran producido de igual modo con la redacción original. Ni que pueda darse por bueno el relato falso que sitúa en aquella reforma la prueba incontestable de la conspiración bipartidista contra el pueblo. Ni tan siquiera que la proposición de ley de IU que hemos votado para abrir la posibilidad de tal revisión merezca mejor calificación que la de una mera chapuza oportunista.
Muchos de los que lanzan estas acusaciones falsas no han leído el artículo en cuestión, ni antes ni después de la reforma. Y otros, que sí lo han leído, mantienen una interpretación deliberadamente artera, por puro interés electoral. La realidad es que aquella reforma constitucionalizó el principio de estabilidad presupuestaria al que ya nos obligaban los Tratados de la Unión Europa, y que no tiene nada que ver con el cuestionable déficit cero permanente. Y que aquella reforma subrayaba la obligación de pagar las deudas públicas, tal y como ya establecía la redacción de 1978, y tal y como está obligado a actuar todo Estado que prevea seguir solicitando crédito externo. Y que la reforma establecía la “prioridad absoluta” de hacer frente a las obligaciones de la deuda, “salvo emergencia financiera, económica o social”, es decir, salvo que el pago de la deuda ponga en riesgo la atención a las necesidades básicas de la población.
Pincha aquí para seguir leyendo el blog de Rafael Simancas en Twitter. @SimancasRafael
