Y lo propongo pidiendo disculpas anticipadas por no sumar una contribución más al debate interesantísimo sobre la improbable generalización entre las Señorías de los escarceos amorosos de Monago a cuenta del erario público. Tampoco escribiré, lo siento, en torno a la consulta participativa o refrendaria o plebiscitaria o perifrástica con que nos amenaza ahora el “astuto” secesionismo catalán. Ni tan siquiera haré referencia a la enésima y original invención de la rueda con que nos amenizan los “nuevos” políticos emergentes, que como cualquier otro elemento sólido emerge más conforme menos densidad tiene.
No. Me limitaré a tratar con brevedad un asunto tan leve como el de la explotación laboral creciente en nuestro país. Porque bajo mi humilde criterio, al debate sobre el paro y la precariedad laboral deberíamos sumar cuanto antes un gran debate en relación al fraude cada día más habitual que convierte los contratos teóricos a tiempo parcial en jornadas reales de trabajo a tiempo más que completo, pero sin reconocimiento legal, sin los derechos correspondientes y sin el salario justo. Contratos de dos, tres o cuatro horas al día que se convierten de facto en jornadas de 8, 9 o 10 horas diarias por menos de 20 euros.
¿Merece la pena hablar de esto? Ahí están los datos. Según la última Encuesta de Población Activa, en España se trabajan más de 10,2 millones de horas extraordinarias ilegales cada semana. El 55% del total de las horas extraordinarias no se cobran. El 27% de los trabajadores asalariados de entre 25 y 54 años percibe sueldos por debajo del salario mínimo, y este porcentaje se eleva al 52% en el conjunto de los sufridores de contratos a tiempo parcial involuntarios. Un reciente informe de la Comisión Europea situaba la devaluación salarial entre los contratados temporales durante los tres últimos años en el 20%. Se llama explotación laboral y la sufren millones de españoles.
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