El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, regala una camiseta del equipo a María Dolores de Cospedal. JCCM
Escal UGS, sociedad que obtuvo la concesión del almacén de gas de Castor y participada en un 66,67 % por el grupo ACS de Florentino Pérez recibió el pasado 11 de noviembre los 1.350,7 millones de indemnización fijados por el Gobierno por la paralización del proyecto. Según las cuentas enviadas por ACS a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el martes pasado fue abonada esta cantidad como compensación a la inversión realizada en Castor y por los derechos retributivos devengados (pagos financieros y costes de operación y mantenimiento incurridos).
Coste asumido por los consumidores
La llegada del dinero se ha producido así en tiempo récord pues fue el pasado 3 de octubre cuando el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley en el que aceptaba la renuncia a la concesión de Castor presentada por la participada por ACS y fijaba el importe de la compensación. Los 1.350 millones de indemnización los asumió en un primer momento Enagás, empresa con participación pública que actúa como transportista de gas, pero a cambio de un derecho de cobro con cargo al sistema gasista, es decir, a los consumidores, que será quienes abonarán este coste a través de la tarifa más un interés. El dinero ha sido adelantado por tres entidades financieras (Bankia, Santander y Caixa Bank).
Paralizado por los seísmos
Al tiempo que se aprobó la indemnización, el Ejecutivo acordó su hibernación, lo que significa que no habrá ninguna inyección o extracción de gas en el subsuelo, aunque esta situación se podrá revertir en el futuro si los estudios técnicos lo aconsejan. Castor está situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de la costa de Vinarós (Castellón) y su construcción se paralizó en septiembre del año pasado al detectarse seísmos en la zona.
Recurso de la Generalitat
El consejero de Empresa de la Generalitat catalana, Felip Puig, ha anunciado hoy que su gobierno ultima un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley por el que se ha abonado la indemnización de 1.350 millones y ha adelantado que se basará en tres puntos. "En primer término, negligencia de contrato" ya que, según el consejero, el documento contractual presenta numerosos defectos y "repercute únicamente en beneficio de la empresa concesionaria". En segundo lugar, "no se han estudiado los riesgos" que suponía implantar esta industria sobre el territorio por lo que "estamos ante un problema de posible negligencia también a la hora de hacer proyectos y estudios sísmicos que parece que no se hicieron".
Pasividad con la pobreza energética pero corren por ACS
Por último, el recurso se basará también en la "valoración que se hace de la infraestructura, que se le da un valor del 100 % de la inversión". "Una infraestructura que no se pone en servicio debería tener un valor residual muy reducido", ha explicado, apuntando que la indemnización debía haberse movido entre el 0 y el 10% del coste en lugar de lo que ha hecho el Gobierno, utilizar un "elemento jurídico dudoso" como la hibernación para pagar el 100%. Puig ha lamentado asimismo "las decisiones incongruentes del Estado español" ya que por un lado suspende el decreto contra la pobreza energética y, por otra parte, corre mucho para atender la indemnización por Castor".
