La consejera madrileña de Educación, Lucía Figar. EFE/Archivo
La consejera madrileña de Educación, Lucía Figar, vuelve a estar en el centro de la polémica y, esta vez, también, de la Justicia, por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público por suprimir varios grados de la Universidad Rey Juan Carlos saltándose los trámites legales.
El TSJ de Madrid abre diligencias
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha incoado diligencias previas contra la consejera por firmar la supresión de cinco titulaciones, entre ellas Sociología, sin un informe preceptivo del Consejo Universitario regional que ella preside, según la denuncia del querellante, el profesor de Sociología Salvador Perelló, informa El Mundo.
La Consejería dice que actuó dentro de la legalidad
La Consejería de Educación defiende la “legalidad” de la decisión de Figar, porque, se ha basado en la documentación aportada por la Universidad Rey Juan Carlos, que incluye los acuerdos adoptados por los consejos social y de gobierno del centro. Según afirma el Departamento de Figar, la capacidad de obviar el Consejo Universitario viene incluido en el decreto 243/1999.
Para el querellante la cosa no está tan clara, ya que considera obligatorio el informe del Consejo Universitario, que tiene fecha del 6 de junio de 2014, un mes antes de la propuesta de supresión de grados de la universidad, que fue del 10 de julio.
Otra polémica tras el escándalo del cheque-guardería
En abril pasado, Figar estuvo en el centro de la polémica tras conocerse que cobraba un cheque-guardería de 100 euros mensuales para pagar la escolarización de una de sus hijas, una ayuda autorizada por ella misma, a pesar de su nómina de 5.460 euros al mes. El escándalo tuvo un mayor impacto porque se trata de la consejera que ha suprimido cientos de miles de becas para la compra de libros de texto y de becas de comedor.
