La Agencia de la ONU para los Refugiados ha expresado su preocupación ante la propuesta de España de legalizar las devoluciones automáticas de las personas que tratan de cruzar las vallas fronterizas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. ACNUR reitera su preocupación “por el creciente uso de la violencia en la frontera para disuadir la entrada de inmigrantes y solicitantes de asilo” y pide garantías de respeto a los derechos humanos y la legislación en materia de refugiados

Según explica ACNUR mediante esta iniciativa del Gobierno del PP, una persona que intenta acceder a Ceuta o Melilla de forma irregular y sin la documentación requerida, “sería rechazada automáticamente y no tendría derecho a las garantías legales previstas en la legislación nacional y de la Unión Europea, como el derecho a solicitar asilo”.

Más de 5.000 entradas irregulares
En 2013, unas 4.200 personas entraron en las dos ciudades autónomas de forma irregular (por tierra y mar), informa la agencia de Naciones Unidas. “En lo que va de año, más de 5.000 personas han llegado a Ceuta y Melilla, entre ellas 2.000 personas que han huido del conflicto en Siria, el 70% de las cuales son mujeres y niños”.

La enmienda del Gobierno
Como respuesta a estas llegadas, “el Gobierno español ha propuesto una enmienda a la actual ley de extranjería, que sería aplicada exclusivamente a las fronteras de Ceuta y Melilla”. Esta propuesta introduce según ACNUR “el concepto de rechazo en frontera y tiene como objetivo la legalización de la práctica actual de devoluciones inmediatas. No daría la oportunidad de pedir asilo a quienes huyen de la persecución y los conflictos”.

Huyen de la guerra
“Ambas ciudades españolas son las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África. Desde 2013 se ha registrado un aumento en el número de personas que llegan de forma irregular a través de esta ruta. A su vez también ha habido un incremento en la proporción de las personas que vienen de países asolados por la guerra, la violencia y la persecución, como Siria, la República Centroafricana o Malí”, explican.

Obligaciones internacionales
ACNUR subraya la importancia de que se permita el acceso al territorio para aquellas personas en necesidad de protección internacional. Consideran que “el Gobierno debería garantizar que cualquier iniciativa legal cumple con sus obligaciones internacionales, en particular con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, de la que España es parte”.

Contra la violencia “disuasoria”
También expresan su preocupación por el creciente uso de la violencia en la frontera para disuadir la entrada de inmigrantes y solicitantes de asilo. Recuerdan que este año se han documentado varios incidentes violentos y se ha incrementado el número de informes sobre devoluciones automáticas en las ciudades autónomas.

Imágenes grabadas
“El más reciente tuvo lugar el pasado 15 de octubre en la valla de Melilla durante el intento de entrada de unas 200 personas, en el que las imágenes grabadas mostraban el uso de violencia por parte de las autoridades fronterizas, denuncian.

Que se garanticen los derechos humanos
Ante estos hechos “hacemos un llamamiento a las autoridades españolas al objeto de que garanticen que no se ejerce la violencia en las fronteras y que éstas son gestionadas respetando plenamente los derechos humanos y la legislación en materia de refugiados. ACNUR ofrece su apoyo a las autoridades españolas en eta tarea”.