Solicita además a la magistrada María Servini de Cubría que inste a llevar a cabo las exhumaciones que reclaman las familias, que el Vaticano facilite los papeles relativos al proceso de los curas de la cárcel de Zamora y la Generalitat de Cataluña y el Gobierno español la documentación relativa al proceso y fusilamiento del presidente Lluis Companys. Todo esto ocurrió el miércoles tras la presentación por parte de la Fiscalía de un dictamen de 307 páginas que responde a muchas de las peticiones realizadas por los querellantes.
Las últimas ejecuciones
Entre los ministros para los que se pide extradición figura Antonio Carro Martínez ministro de la Presidencia del 3 enero de 1974 hasta el 12 de diciembre de 1975 formando parte de dos gobiernos. Posteriormente fue diputado por el PP durante cinco legislaturas. Se le acusa de convalidar con su firma en Consejo de Ministros la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, asesinado por garrote vil el 2 de marzo de 1974, y de José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarría, fusilados el 27 de septiembre de 1975.
Licinio de la Fuente, caballero de honor
También por la muerte de Puig Antich se reclama la detención de Licinio de la Fuente vicepresidente del gobierno en el período 1974 – 1975. Fue ya en 1976, explican la coordinadora “fundador de Alianza Popular y posteriormente en la del Partido Popular y caballero de honor por la fundación Francisco Franco en ceremonia celebrada el 18 de julio de 2012 bajo el lema Derecho al alzamiento”.
Periodista y ministro
Quien fuera director del periódico Informaciones José María Sánchez Ventura Pascual entra también en la petición del fiscal por su cargo de ministro de Justicia y haber convalidado la sentencia de muerte de los últimos fusilados del franquismo.
Osorio y los sucesos de Vitoria
En el caso de Alfonso Osorio que fue ministro de la Presidencia en el primer Gobierno de la Monarquía presidido por Arias Navarro (diciembre de 1975 a julio de 1976), el cargo es porque según CEAQUA “Junto a Rodolfo Martín Villa – cuya imputación está pendiente de resolución por parte de la jueza – resolvió que fuera reprimida una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976”. Tras el asalto a una Iglesia, resaltan que “fueron asesinados cinco trabajadores”.
El Proceso de Burgos
Dos jueces entran en la petición del fiscal. El primero es Antonio Troncoso de Castro- coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar, diplomado en Derecho Penal Militar y ex fiscal del Tribunal Supremo. Se le ha relacionado con el Proceso de Burgos y otros procesos militares que afectan a ciudadanos vascos.
Abogado de Alicia Sánchez-Camacho
El segundo jurista es Carlos Rey González quien en 1974 fue capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército. “Participó como vocal ponente en el Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich. Fue redactor de su sentencia de muerte”, explican. Actualmente Rey ejerce la profesión de abogado, habiendo defendido los intereses de Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partido Popular de Cataluña, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3, recientemente archivado.
Fuerzas armadas
En cuanto a la policía, se pide la detención de Jesús Quintana Saracibar, capitán de la Policía Armada quien “dirigió la represión policial que provocó la masacre de Vitoria”, dice CEAQUA. Como también la de Jesús González Reglero por su presunta participación “en numerosos actos de tortura en los distintos destinos que tuvo en Madrid, actuando en muchas ocasiones junto a ‛Billy el Niño’, Antonio González Pacheco.
Torturas y condecoraciones
Por posibles delitos de tortura se cita a Ricardo Algar Barrón miembro de la Brigada Político Social; Félix Criado Sanz a quien denuncian en la querella interpuesta por sacerdotes vascos o Pascual Honrado de la Fuente, acusado del mismo delito en su etapa de la Brigada Político Social de Oviedo. Estos policías han recibido diversas condecoraciones.
El Comisario General de Información, también
Quien fuera Comisario General de Información del Cuerpo Nacional de Policía con destino en el País Vasco y Zaragoza, Jesús Martínez Torres, y según señalan los querellantes “condecorado reiteradamente” entra en el dictamen del fiscal acusado de presuntas torturas cometidas en Zaragoza. Al igual que Benjamín Solsona Cortés por su actuación en la Brigada Político Social de Valencia. Solsona fue jefe superior de Policía de Bilbao y jefe superior de Policía de Baleares.
La Social de Barcelona
Por último en la sección de la lista de la Fiscalía dedicada a las fuerzas del orden, figura el nombre de Atilano del Valle Oter que está “acusado de torturas e intento de asesinato en la Brigada Regional de Investigación Social de Barcelona”. Asimismo recibió diversas condecoraciones a lo largo de su carrera.
Bebés robados
A la jueza le pide también el fiscal que curse la orden de detención de Abelardo García Balaguer, médico ginecólogo de la Línea de la Concepción, en Cádiz, recientemente jubilado. El pedido del Fiscal se solicita en concreto por el caso de Flor Díaz carrasco que busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de la Línea el 6 de noviembre de 1967.
La Iglesia y los curas de Zamora
No acaba aquí este dictamen. Ramiro González considera que se debe pedir al Vaticano y a los arzobispados españoles que remitan a la causa toda la documentación que consta en sus archivos relativa a la colaboración de la Iglesia española con la dictadura franquista, por la querella de los curas que estuvieron presos en la cárcel de Zamora.
Exhumaciones y Companys
Añade además el fiscal que deben solicitarse las exhumaciones necesarias en relación con las denuncias y querellas interpuestas por distintos familiares de personas enterradas en fosas comunes. Y para la Generalitat catalana y el Gobierno de España, otra petición: que faciliten la documentación relativa a la detención, tortura y fusilamiento del presidente Lluis Companys y una visita al castillo de Montjuic.
