No obstante, el drama de las personas mayores que acaban fuera del mercado de trabajo es terrible también. Se trata, además, de personas que a menudo tienen cargas familiares, que han vivido dignamente como clase media o clase trabajadora, y que de pronto son arrojadas de forma directa a la pobreza y la exclusión social.
Los datos son determinantes. A partir de los 30 años, el riesgo de desempleo crece con la edad, de tal manera que el paro entre los mayores de 55 años ha aumentado durante los tres últimos años un 61%, cuatro veces más que el paro entre la población general en España. Además, cuando estas personas caen en el paro, tienen más dificultades que los demás para volver a emplearse. De hecho, entre los españoles que permanecen más de 24 meses en el paro, el 67% son mayores de 45 años.
Por eso resulta especialmente deplorable la política adoptada por el Gobierno del PP durante esta legislatura hacia las personas mayores en paro o en riesgo de desempleo. No es que les hayan perjudicado. Es que se han empleado con saña contra ellos, para promover el beneficio fácil entre algunos empresarios, y para ahorrar algo de dinero público allí donde ahorrar dinero público es una indecencia.
En un decreto de julio de 2013 facilitaron el despido de los mayores de 50 años. En la legislación anterior, el empresario con beneficios que incluía mayores de 50 años en un Expediente de Regulación de Empleo estaba obligado a tributar en el Tesoro Público. A partir de esta norma, despedir mayores resulta gratis siempre y cuando la proporción de mayores despedidos sea menor que la de mayores no despedidos.
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