El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa asumirá el embargo de sus bienes al no poder afrontar la fianza de 16 millones de euros que ayer le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por su responsabilidad en el sistema de tarjetas opacas, según fuentes jurídicas. El exbanquero, que sí que reunió 2,5 millones para poder salir de prisión en mayo de 2013, da por imposible lograr esa cifra, para lo que el juez le dio un plazo que finaliza el próximo miércoles, por no disponer esta vez de la capacidad económica suficiente, apuntan las mismas fuentes.

El juez tendrá que averiguar el patrimonio del imputado
No obstante, Blesa mantiene su intención de recurrir el auto del magistrado, aunque este proceso no paraliza en ningún caso el plazo que le dio para iniciar el embargo.

Este proceso iniciará con una averiguación patrimonial del imputado, en el que el juez pedirá a los registros de bienes inmuebles, mercantil y de la propiedad, así como a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria todos los bienes de los que dispone. Con el listado completo, librará un oficio de embargo y se comenzará por aquello que más facilidad de cobro presente, como una cuenta bancaria, acciones u otros títulos financieros, para dar paso después al patrimonio inmueble o sueldos, salarios y pensiones. En el caso de que tuviera que embargar propiedades como pisos, emitirá una nota simple al registro para comprobar que no pesa ninguna carga sobre él.

Tanto Blesa como Rato recurrirán la fianza
Además de los 16 millones exigidos a Blesa, Andreu impuso otros tres millones de fianza a su sucesor, Rodrigo Rato, que también piensa recurrir esta decisión. Según el auto por el que ordenó esta medida, los dos "consintieron" y "propiciaron" el uso indebido de fondos de la entidad mediante este sistema de tarjetas opacas cuyos gastos se contabilizaron de forma encubierta para "evitar" los controles tanto de los auditores como de los órganos supervisores.

Cantidades proporcionales a lo gastado
Tras interrogarles ayer como imputados, el juez estableció estas fianzas de forma proporcional a lo gastado bajo el mandato de cada uno, que en el caso de Blesa fue de 12.664.600 euros, y en el de su sucesor de 2.585.700, a las que sumó el 25 % que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y lo hizo a pesar de que Blesa alegó que se trataba de un sistema retributivo que se implantó desde 1988, antes de su llegada a la entidad, y que Rato justificara que estaba sujeto a retención fiscal y formaba parte de su sueldo.