La sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el decreto del Consell que fija precios del copago de servicios sociales para mayores y discapacitados.

Precios públicos
Así consta en la sentencia, en la que el tribunal estima el recurso presentado por el Comité Ejecutivo del Cermi-CV contra este Decreto 113/013 de 2 de agosto del Gobierno valenciano, por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales.

Anula el decreto
El tribunal anula el decreto al entender que la naturaleza jurídica del copago establecido para el colectivo considerado especialmente vulnerable -discapacitados y mayores- debe exigirse, en su caso, mediante una tasa, cuya aprobación ha de producirse exclusivamente mediante ley aprobada en las Corts, algo que no se hizo.

Nulidad de pleno derecho
El fallo, contra el que no cabe recurso, declara la "íntegra nulidad de pleno derecho del decreto impugnado", que establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales. El TSJCV considera que los servicios regulados en el Decreto constituyen"servicios asistenciales básicos e imprescindibles" dirigidos a un colectivo "que no parece que sean grupos especialmente favorecidos".

La Generalitat valenciana, ensusitio
El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha puesto a la Generalitat valenciana “en su sitio”, ha felicitado al CERMI, a las familias y diferentes entidades por “su incansable trabajo y lucha contra este decreto miserable”. “Los socialistas en reiteradas ocasiones le hemos dicho a Fabra que estaba actuando contra aquellos que menos tienen y que retirara este decreto”, ha manifestado Puig, quien ha remarcado que “la Justicia hace también el trabajo, en esta ocasión, que no hace Fabra.”

LeydeDependencia
Asimismo, el líder ha subrayado que “hay que continuar reclamando el mantenimiento y avance de la Ley de Dependencia que ha exterminado el PP en la Comunitat Valenciana” y ha resaltado que este decreto “injusto e insolidario la Generalitat lo había llevado adelante sin contar con los afectados”, al tiempo que ha recordado que los socialistas valencianos, “desde el primer momento, advertimos a la consellera de que estaban cometiendo una injusticia con el sector de la discapacidad y de los mayores”.

Prepotencia
Finalmente, Puig le ha reclamado a la consellera de Bienestar Social que “deje fuera la prepotencia con la que actúa el Consell “y le ha instado a “replantearse la política en materia de servicios sociales”. “No se puede dictar normas sin escuchar a los afectados”, ha puntualizado.