Un problema al que no se da solución
EUPV formuló una pregunta sobre estos datos que una de sus concejales, Rosa Albert, ha calificado como alarmantes. Ana Albert, concejal de Bienestar Social e Integración del ayuntamiento de Valencia ha reconocido la raquítica cifra de los contratos de alquiler social, lo que ha llevado a EUPV a acusar al PP de ser "incapaz de ofrecer medidas que ofrezcan soluciones reales».
Obviamente el convenio es insuficiente y Rosa Albert (EUPV) insta a la Concejalía de Bienestar Social a que lo revise y lo adapte «de manera que pueda dar respuesta a la problemática que supone que familias valencianas sean tiradas de sus casas sin que las administraciones correspondientes den una solución».
No hay dinero destinado
Además, la edil de izquierdas le ha recordado al equipo de gobierno del PP que más allá de este convenio, el Ayuntamiento de Valencia tiene capacidad para poder ofrecer otras alternativas a las familias víctimas de un desahucio dotando partidas presupuestarias suficientes en los presupuestos y poniendo a disposición de Bienestar Social todas las viviendas propiedad municipal que en estos momentos se encuentran vacías. «En definitiva, se trata de una cuestión de voluntad política: el PP debe decidir entre poner todos sus recursos a disposición de la ciudadanía o seguir sin reconocer la realidad y dar la espalda a esta situación», dijo Rosa Albert según recoge el diario Levante.
Explicación oficial en medios afines
“La Generalitat ha destinado durante el primer trimestre del año, a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), un total de 701.172 euros en aplicar bonificaciones en los alquileres de viviendas sociales en función de los ingresos y número de miembros de la familia. Según han explicado fuentes del Consell, el 67 por ciento de los alquileres del parque de viviendas públicas no supera los 100 euros mensuales, teniendo en cuenta que el precio de los arrendamientos se adecua a la situación económica de la familia. El 52,5 por ciento de los alquileres de viviendas públicas (unas 3.850 viviendas) se sitúa entre los 51 y 100 euros mensuales y otro 14,6 por ciento (más de 1.000 viviendas) pagan menos de 50 euros al mes. Asimismo, el 25,5 por ciento (en torno a 1.800 viviendas) está entre los 101 euros y 150 mensuales, el 1,1 por ciento paga entre 201 y 250 euros y un 0,6 por ciento paga más de 250 euros al mes”. Estos datos, que corresponden al informe oificial del Ayuntamiento, no coinciden, sin embargo, con la realidad que denuncia la oposición.
