Defensores de la sanidad pública califican la repatriación del misionero de desproporcionada

Tras la llegada a España del misionero Miguel Pajares, enfermo de ébola, y su acompañante  Juliana Bohi, la religiosa española que le acompaña, las reacciones ante la actuación del Ministerio de Ana Mato no se han hecho esperar. Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) recuerdan en una nota de prensa  califican la actuación del Ministerio de desproporcionada.

La federación recuerda con ironía que el Hospital Carlos III, que acoge al misionero enfermo, estuvo a punto de cerrar sus puertas gracias a “la inteligencia y visión estratégica” del exconsejero Lasquetty, del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la “complicidad” de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Una amenaza de clausura que llegaba en un momento en el que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía de “posibles pandemias y el brote de nuevas enfermedades”.  La  Comunidad de Madrid había decidido transformarlo en un hospital de media estancia para enfermos crónicos y cerrado su Unidad de Cuidados Intensivos y los laboratorios.

“Logro de la presión ciudadana”
La organización de usuarios alerta de que se quería “dejar a nuestro país sin el único centro de referencia para tratar este tipo de enfermedades”. Recuerdan que ha sido la presión ciudadana la que frustró "estos despropósitos”. Han sido varias las iniciativas de la Consejería de Sanidad de Madrid y del Ministerio de Ana Mato que conducían a “desestructurar y deteriorar el centro” hasta tal punto que el hospital perdió “su capacidad para atender adecuadamente” diversas patologías.

“Todo un hospital por dos personas”
La FADSP tilda de “desproporcionada” la fórmula empleada para la repatriación del sacerdote y su acompañante. La organización de usuarios advierte de que el traslado se produce  sin subsanar "las deficiencias que padece el centro" y lamentan “las drásticas reducciones de camas” de los hospitales públicos madrileños. Se lamentan de que se ha dejado a “todo un hospital para atender a dos personas”. La FASDP defiende que el resto de los pacientes tienen “los mismos derechos a una atención sanitaria de calidad”.

 "Cuando hay un problema grave, la solución está en la pública"
En lo que concierne al misionero repatriado, la asociación de usuarios censura la “evidente discriminación e inequidad” que se produce en este caso en relación a otros ciudadanos españoles que se encuentran en el exterior. Por otro lado, subrayan que una vez más se demuestra con este caso que “cuando hay un problema grave, la respuesta está en la Sanidad Pública”, que es la que garantiza “una atención sanitaria de calidad”.

La FADSP cree que hay que garantizar “la atención sanitaria de calidad a toda la ciudadanía, sin discriminaciones” y considera que deben usarse los “medios proporcionados”  ante amenazas sanitarias, como el virus del ébola.

Dimisión "de quienes quisieron cerrar el centro"
Los usuarios exigen la dimisión de “quienes pretendieron cerrar este centro que hoy se demuestra imprescindible para responder a los retos sanitarios”. Finalmente, reclaman a las autoridades  “gestiones pertinentes para articular una respuesta coordinada de la UE ante estos problemas de salud”.