En diciembre pasado, una pregunta de la diputada socialista Idoia Mendia en el Parlamento vasco levantó la liebre sobre un presunto delito de malversación del Gobierno de Urkullu en los pagos al Grupo Noticias para la publicación de informaciones favorables a su gestión, a través de publicidad encubierta. La jueza Beatriz Eva Román ha decidido incoar diligencias en un auto fechado el 29 de julio y conocido ahora.
Delitos de fraude, malversación y prevaricación
Según adelanta este miércoles El Mundo, la jueza Román, que ve posibles delitos de fraude, malversación y prevaricación, incoó diligencias a partir de la denuncia presentada, finalmente, ante la Justicia por UPyD. La formación de Rosa Díez cree que existe “corrupción soterrada” en la actitud del Gobierno vasco, que ha “venido financiando a medios de comunicación afines al PNV mediante el desvío de fondos públicos sin causa que lo justifique” y “al margen de la legalidad vigente”. De acuerdo con su denuncia, el Gobierno de Urkullu ha pagado unos 90.000 euros por la inserción de “publicidad irregular” disfrazada de noticias en media docena de casos que afectan a varios departamentos.
El Grupo socialista dio nombres de medios y cifras
porque “en los dos últimos trimestres, según la documentación remitida al Parlamento, los distintos Departamentos del Gobierno han desarrollado una abundante contratación publicitaria con los distintos medios del Grupo Noticias ; Deia, Diario de Noticias de Álava, Diario de Noticias de Gipuzkoa y Onda Vasca”. Hacía referencia a “siete expedientes a favor de Eusko Media SL (sociedad titular de Onda Vasca y Herri Irratia), por un importe de 101.643,3 € hasta diciembre, y 4 a favor de Editorial Iparragirre (Deia) y de Ediciones Izora 2004 (Diario de Noticias de Alava) y Ediciones Urgull 2004 (Diario de Noticias de Gipuzkoa) por importe de 38.599 euros. En total los medios del Grupo Noticias han sido beneficiados con 140.242 euros”.
¿Por qué a esos medios y no a otros?
“¿Cuáles son las razones de necesidad informativa que han justificado estas contrataciones publicitarias con los medios del Grupo Noticias, al margen de las campañas generales del Gobierno?” y “a qué obedece el hecho de que otros medios de prensa y radio vascos, algunos con una notoria mayor difusión que este Grupo, no tengan el mismo tratamiento por parte del Gobierno Vasco”. Fueron algunas de las preguntas de la diputada socialista.
Consejerías implicadas
La Consejería de Educación habría pagado por la publicación de noticias en contra de la reforma educativa de Wert, la LOMCE, sin que se identificara que eran contenidos publicitarios sufragados por el Gobierno vasco. Igualmente, desde el Departamento de Salud se habrían pagado informaciones relativas a las urgencias de Guernica o la campaña de vacunación de la gripe favorables al Ejecutivo de Urkullu.
Contratos fraccionados
La jueza reclama ahora a ambas consejerías información sobre los contratos suscritos con el Grupo Noticias en 2013 y a Presidencia datos sobre el contrato para la “realización y emisión de espacios sobre vascos en el mundo” durante el primer semestre de este año.
Según han explicado fuentes socialistas a ELPLURAL.COM, los contratos adjudicados por el Gobierno vasco al citado grupo de comunicación han sido “fraccionados”, y “está claro que eran ad hoc para esos medios, algo escandaloso porque se utilizaron políticamente subvenciones”. Los fondos fueron pagados al Grupo Noticias (Deia, Diario de Noticias de Guipuzcoa, Diario de Noticias de Álava y Onda Vasca), “un grupo de comunicación vinculado al PNV”.
Urkullu "incumple la ley" contra el autobombo aprobada por Patixi López
En la denuncia presentada por UPyD ante la Justicia se habla en un comienzo de cerca de 100.000 euros, pero “las ayudas al grupo han sido bastante más”. El lehendakari, Íñigo Urkullu, “no aclaró el tema en la Cámara vasca y se limitó a decir que eran patrocinios, pero cómo se puede patrocinar una información o una entrevista, se patrocinan eventos deportivos o de otro tipo…”, explican las citadas fuentes socialistas.
Los socialistas vascos subrayan que el Gobierno vasco incumple la ley de publicidad institucional, aprobada durante el Ejecutivo de Patxi López, y en la que se prohibía “el autobombo”.
