Se llama Ángela González Carreño y ha logrado que la ONU condene a España por la negligencia  policial y judicial que ha sufrido durante 11 años y que terminó con el asesinato de su hija de siete años. Las Naciones Unidas han condenado al Estado español a indemnizarla y a tomar medidas para que se tengan en cuenta los antecedentes de violencia de género.

Es la primera vez que un tribunal internacional condena a España
Por primera vez un tribunal internacional condena a España en materia de violencia de género. La ONU ha sentenciado que el Estado no protegió debidamente a Ángela ni a su hija Andrea, de siete años. El padre mató a la pequeña durante un régimen de visitas sin vigilancia, y luego se suicidó. El caso fue denunciado durante dos años por la ONG  Women´s Link Wordkwide (es una organización en defensa de los derechos de la mujer)ante el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), según avanza la SER.

Negligencia de Policía y Justicia
El dictamen del CEDAW es contundente: considera que la negligencia de jueces y policías posibilió la muerte de la pequeña Andrea a manos de su padre y condena al Estado español por no proteger a Ángela y a su hija, por no haber castigado al maltratador ni haber indemnizado a la madre por los daños causados. El organismo realiza una serie de recomendaciones y obliga a “reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente a Ángela González”. Además obliga a España a volver a investigar el caso y determinar los posibles errores que existieron y que provocaron que madre e hija estuvieran desprotegidas.

Exige “medidas adecuadas”
Con el fin de evitar que se repitan casos similares la ONU exige a España que se tomen las “medidas adecuadas y efectivas”, además, pide a los jueces que tengan en cuenta los antecedentes de violencia a para conceder las custodias con el fin de garantizar la seguridad de la víctima y de sus hijos. En cuanto a las recetas para evitar que se repitan casos similares, insta al personal de Justicia y Administrativo que reciban “formación obligatoria sobre estereotipos de género”.

No obstante, el CEDAW reconoce la labor desarrollada por España en la lucha contra el maltrato con la Ley Integral contra la Violencia de Género, con medidas de concienciación, educación y capacitación pero afirma que existen costumbres por parte de jueces, fiscales, trabajadores sociales y otros agentes que constituyen una discriminación contra las mujeres y que hace que no se proteja adecuadamente a las víctimas y sus hijos.

Seis meses para reportar las medidas
España cuenta con un plazo de seis meses para reportar al Comité, mediante un escrito, las medidas que haya tomado en cumplimiento de esta resolución y debe difundir ampliamente la decisión para alcanzar “todos los sectores pertinentes de la sociedad”.

Antecedentes del caso
El caso de Ángela González Carreño demuestra que empezó a sufrir malos tratos por parte de su marido desde que quedó embarazada de la niña. En 1999 huyó de casa con su hija Andrea, que entonces tenía 3 años. La mujer denunció los malos tratos pero la separación no acabó con el calvario. Ella y la niña continuaron sufriendo amenazas y agresiones.
Los tribunales permitieron las visitas sin vigilancia, a pesar de los constantes avisos de la madre por el riesgo que suponía.  La niña no quería ver a su padre porque le preguntaba  por la vida sentimental de su madre y la amenazaba, si no respondía.

España le dio la espalda, la ONU la razón
El asesinato fue en 2003, justo cuando habían tenido una vista para ver quien se quedaba con la casa donde vivía el maltratador. Ángela recurrió todas las instancias judiciales en nuestro país, que no le respaldaron. Ahora,  la ONU le ha dado la razón.