El pasado mes de abril comencé a denunciar la existencia de diversas irregularidades detectadas en la realización de los cursos de formación para trabajadores y desempleados. Irregularidades que, según indican todos los datos de que disponemos, son responsabilidad exclusiva de una mala gestión por parte del Gobierno de La Rioja y, en concreto, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo. Hasta el momento, todo lo que se ha conocido sobre esta complicada cuestión de la gestión administrativa de los cursos de formación, se ha conocido gracias a las sucesivas denuncias que , como presidente del Partido Riojano, he venido realizando y que han obligado al Gobierno de Pedro Sanz a ir admitiendo, poco a poco, con cuentagotas, todas y cada una de nuestras acusaciones.
Pero todavía quedan muchas cosas por saber, quedan muchas preguntas sin respuesta que sigo empeñado en descubrir. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer en qué se gasta el dinero de nuestros impuestos; pero también tenemos derecho a conocer cómo se gasta y qué beneficio público obtiene la sociedad de ese gasto. Las prisas del Gobierno de Pedro Sanz por hacer el reparto de los fondos europeos antes de las pasadas elecciones del año 2011 son las que han provocado una situación que va a suponer un perjuicio de millones de euros para muchos riojanos que confiaron en un gobierno que se ha demostrado incapaz de gestionar con equidad, justicia y sabiduría los recursos públicos. Unos recursos públicos que, más de una vez, ha quedado demostrado que se han utilizado para lucro personal o colectivo de los dirigentes del PP, cuando no para lucro de su propia organización.
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