Fotos de archivo de la infanta Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro llegando a los juzgados de Palma. (EFE)
"Este instructor no puede por menos que coincidir con el recurrente en que el anunciado apartamiento de Doña Cristina de Borbón y Grecia del área de la comisión de determinados delitos puede ciertamente resultar hiriente para otra persona que sí ha sido incluida como indiciaria autora de los mismos, en concreto hablamos de Dona Ana María Tejeiro Losada [la mujer de Torres], a quien le puede resultar imposible o, cuando menos difícil sustraerse al convencimiento de que, comparativamente con aquella, ha recibido un trato desigual". Así se expresa el juez José Castro en su último auto, en el que desestima los recursos de reforma de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, y el expresidente del Govern balear Jaume Matas para que se levantasen las imputaciones que pesan contra ellos por varios presuntos delitos de corrupción.
¿Sólo 71 diferencias?
Torres también reclamaba la desimputación de su esposa, Ana María Tejeiro, y que, a la vista de su argumento, habría recibido un trato desigual con respecto a Cristina de Borbón y Grecia. Asegura que se vio obligado a exluir a la infanta "del ámbito de determinados delitos" por su obligado respeto a las resoluciones de la Audiencia Provincial de Palma, que la excluyó, con la salvedad de los delitos fiscales y el blanqueo de capitales. Es más, en su recurso, la defensa de Tejiro planteaba 71 diferencias en el trato, Castro asegura que incluso "podría ser más abultado". En cualquier caso, no se muestra partidario de exculpar a Tejeiro.
Descarta los argumentos de Matas
Sobre Matas, Castro rebate que el encuentro para jugar al pádel en el Palacio Marivent en el que Urdangarin y el entonces presidente pactaron un patrocinio del antiguo equipo ciclista Banesto por 18 millones de euros tuviera un propósito meramente deportivo que se tornó en acuerdo comercial por "una sorpresiva casualidad". El instructor también descarta que Matas pueda defender su actuación con el argumento de que los eventos millonarios que su Govern encargó a Nóos se celebraron y fueron útiles, cuando los presuntos delitos radican en que se tramitaron al margen de los procedimientos previstos y que se pagó por ellos lo que solicitaron Urdangarin y Torres sin que mediara justificación alguna.
Finalmente, Castro rechaza la pretensión del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia de que se mantenga la imputación del vicealcalde de esa ciudad, Alfonso Grau, y recalca que no aprecia indicios para impulsar su procesamiento.
El titular del juzgado de instrucción 3 de Palma, que el pasado 25 de junio cerró la investigación con el escrito justificativo de la imputación de 16 personas en la causa, concede a los cuatro recurrentes en reforma cinco días para que eleven sus reclamaciones a la Audiencia de Palma. Pasado ese plazo, Castro remitirá al tribunal provincial los nuevos recursos que puedan formularse junto con los once directos de apelación que le fueron planteados por otros imputados y acusaciones. Entre estos últimos están los de la infanta Cristina, su esposo y Marco Antonio Tejeiro, el excontable del Instituto Nóos que ha confesado a la Fiscalía Anticorrupción que Urdangarin y Torres crearon una entramado corrupto para saquear fondos públicos.
Cristina, en manos de la Audiencia
Por tanto será la Audiencia Provincial de Palma la que decida finalmente si sienta o no a Cristina de Borbón en el banquillo para ser juzgada. Eso sí, por sólo dos delitos: blanqueo y fraude fiscal. Ana María Tejeiro está imputada por esos dos delitos y también por prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil.
