El Ministerio de Interior es una pequeña jaula de grillos. Y lo es, básicamente, porque la relación entre el Ministro, Jorge Fernández Díaz, y el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, comparten su fervor religioso y poco más. Una situación que lleva ya más de un año pudriéndose, como les contamos desde su origen en ELPLURAL.COM, que el ministro es incapaz de afrontar, y que provoca situaciones cada vez más absurdas.

Policías y guardias civiles
La última se ha vivido días atrás con el motivo más nimio: un distintivo. Cosidó y su equipo prepararon hace unos días una resolución para 'premiar' con la concesión de un distintivo a los 4.300 agentes de la Policía que participaron en la llamada 'operación Orbe', el dispositivo de seguridad de la proclamación de Felipe VI. La idea, cuando se estaba poniendo ya en marcha, llegó a los oídos del ministro, y Fernández Díaz ordenó de inmediato paralizarla.



La escusa oficial fue que esa resolución de la Dirección General de la Policía iba a ser sustituida por una orden ministerial por el que el distintivo también se concedería a los 2.600 guardias civiles que, igualmente, participaron en la operación. La escusa, nos dicen en fuentes policiales, no oculta, sin embargo, la realidad: el pulso inacabable de Cosidó y Fernández Díaz.

"Un simple cordoncito..., una chuminada"
Este último enfrentamiento salió a la luz el pasado martes en una movida sesión de la Comisión del Consejo de la Policía, en la que estaban presentes tanto los mandos del ministerio como representantes de los sindicatos. Para dar idea de la 'enormidad' de la importancia del asunto, como le explica a este periódico una fuente policial, el distintivo no pasa de ser "un cordoncito que se lleva en el uniforme de trabajo y una medallita más en el traje de gala..., una chuminada". Este calificativo despreciativo, más allá de que no representaba una acción de especial dificultad ni riesgo en el desempeño de la labor policial, tiene mucho que ver con el hecho de que el distintivo no conlleva la percepción "ni de un euro" para su poseedor.

Pero la ceremonia de la proclamación se convirtió también en otro motivo de discusión, éste más importante, en la Comisión. En este caso a cuenta de la retirada de banderas e insignias republicanas que impuso la policía y que llegaron a provocar incidentes, agresiones y detenciones durante el recorrido de la cortejo.

Cargas policiales en la manifestación que exigía la celebración de un referéndum. Foto: Luis Marchal



Policías pidiendo que se retiren banderas de los balcones
En la Comisión, José Sánchez Fornet, que actuaba como vocal sindical, preguntó a la dirección del ministerio, representada por el subdirector de Recursos Humanos, Antonio Rodríguez, sobre alguna de estas actuaciones. En especial, sobre la presión que ejercieron policías que subieron a los domicilios a pedir que se retiraran de los balcones "banderas legales, como son las republicanas".

El vocal pidió el nombre y el cese del mando que había dado esa orden, así como la de obligar a las personas que llevaban distintivos republicanos en la calle a quitárselos o abandonar el lugar. El representante del Director General de la Policía en la Comisión, que reconoció la legalidad de los símbolos republicanos, aseguró a continuación desconocer quién había dado esas órdenes, aunque se comprometió a "investigar quién lo había hecho y las circunstancias de esta orden". Un comentario cuando menos peculiar, ya que la existencia de la orden había sido difundida y criticada en medios como nuestro periódico.

En este sentido, en fuentes sindicales policiales consultadas por ELPLURAL.COM reconocen estar poco esperanzados de que esa 'investigación' tenga resultados, porque ya incluso se insinuó, lo que parece increíble a nuestras fuentes, que podía haberse tratado de decisiones particulares de los propios policías. "Esa fue una decisión de la Secretaría de Estado -nos dicen-, y no de la Delegación del Gobierno en Madrid, que han justificado con el deseo de evitar incidentes entre monárquicos y republicanos.., y no se dan cuenta de que en todo caso la policía tendría que haber protegido a quienes tenían su derecho a mostrar enseñas legales, y no a quienes pretendieran atacarles...".