La Comunidad de Madrid decidió vender viviendas sociales en régimen de alquiler a los fondos denominados "buitre", es decir fondos que no invierten para que crezca una empresa, sino para especular a corto plazo. Y lo hizo además a un precio medio de 68.000 euros por piso, un precio casi imposible por barato en Madrid. Lo hizo además sin ofrecérselo antes a los inquilinos y muchos de ellos manifestaron que hubieran pagado lo mismo que el fondo extranjero. Ahora los nuevos propietarios han empezado a enviar cartas de desahucio.

Los vecinos acuden a los tribunales
Los vecinos se han organizado y no piensan quedarse de brazos cruzados ante las amenazas de desahucio. Lo primero que hicieron los fondos de inversión fue subir los alquileres de algo más de cien euros mensuales a más de cuatrocientos, y en la actual situación hay muchas familias que no pueden asumir esa subida porque tienen que subsistir con 400 euros al mes.

Los vecinos se han personado como acusación particular en la demanda presentada contra el gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) por la adjudicación de las viviendas al fondo de inversión Goldman Sachs.

Los vecinos piensan solicitar medidas cautelares en el juzgado número 48 de Plaza de Castilla para que se paralicen las notificaciones de desahucios.

La Defensora del pueblo les da la razón
A los vecinos no se les dio derecho a participar en la subasta de 2.395 viviendas que eran propiedad del IVIMA, instituto que les negó la opción de presentarse porque no iba a verse afectada "su condición jurídica ya que la condición arrendaticia permanece con las mismas condiciones que antes de la venta", argumentó el IVIMA. Sin embargo la Defensora del Pueblo, a la que ya han recurrido los vecinos, consideró que el cambio de dueño de los pisos "de una entidad pública a una privada resulta perjudicial para los adjudicatarios de una vivienda de protección pública" y que por ello se les debió permitir acceder a la subasta.