Huele mal, muy mal, la repentina aparición de un contable “arrepentido”, precisamente el mismo día que finaliza el plazo para recurrir el auto del Juez Castro, en el que se mantiene la imputación de la Infanta Cristina. Un pacto con la Fiscalía no se realiza en un día, sino que requiere una previa negociación en la que se minorará la pena del “arrepentido” en razón a lo que aporte y su grado de veracidad, y ésta precisa la presentación de nuevas pruebas para verificarla. Por lo que me permito pensar que se dio publicidad a esta noticia escogiendo la fecha adecuada para debilitar mediáticamente la postura del Juez Castro respecto a la Infanta. Si sacamos un conejo de la chistera, no por eso se produce una sorpresa positiva para el prestidigitador y los espectadores, si el animal está enfermo y contaminado; y eso parece.
Se hace necesario que el Fiscal Horrach nos aclare desde cuándo conocía que el contable arrepentido quería confesar, cuándo presentó la declaración por escrito, qué pruebas le ha aportado para demostrar su veracidad, en qué términos se ha pactado una rebaja de la pena a imponerle, y por qué no le dio traslado inmediato al juez Castro. Porque si estos interrogantes no reciben una respuesta adecuada, muchos ciudadanos sospecharemos que este episodio, para algunos cinematográfico, forma parte de la estrategia global planteada por la oligarquía dominante para eximir de cualquier responsabilidad a la Infanta e impedir que se siente en el banquillo de los acusados. Y si se confirmase esta intuición, deberíamos de abrir una nueva causa para acusar a los responsables de esta conspiración de un delito de obstrucción a la justicia, entre otros posibles.
Como letrado en ejercicio desde hace 40 años, cada día que pasa me siento más escandalizado por la forma con la que se está llevando este asunto por algunos medios de comunicación, y por quienes deberían de dar ejemplo de respeto al buen hacer de la justicia; y en ellos incluyo al Gobierno, al Fiscal General del Estado y a la Casa Real. Aunque lo verdaderamente importante e inmoral no es lo que vemos o nos cuentan, sino lo que muchos intuimos que se cuece entre bambalinas para conseguir que la justicia no sea igual para todos; y quienes lo hacen son los que en muchas ocasiones se convierten en ardientes defensores de una Constitución, que no me cabe la menor duda que está sometida a una permanente manipulación.
En todo caso el “arrepentido” deberá ratificar y demostrar todo lo que ahora afirma durante el juicio oral, en una sala en la que compartirá banquillo con la Infanta Cristina. Será en este momento, y nunca antes, cuando tendrá que comprobarse si aquélla es o no responsable de los delitos de los que se le acusa. Porque, en principio, esta declaración del contable de Nóos no la exime de sus responsabilidades penales, y puede resultar intrascendente, ya que nadie ha cuestionado que hayan sido Undargarín y Diego Torres los cabecillas de la trama.
Es más, el delito fiscal se comete en razón a la cuantía defraudada, y si se demuestra que superó la barrera de los 120.00 euros, en la medida en que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, será muy difícil que una persona universitaria, preparada durante años con dinero público, y muy valorada en los puestos de trabajo que ha realizado en entidades bancarias, recibiendo por ello un sueldo incompatible con la ignorancia de la que ahora presume, pueda ser creída ante un tribunal de que no se enteraba de nada.
Podríamos decir lo mismo al referirnos al delito de blanqueo de capital. En una economía doméstica, en donde existe un amor verdadero en la pareja, parece evidente que ambos deben conocer el importe de sus ingresos, para saber el límite de sus disponibilidades. Y cuando los gastos con destino a muebles, inmuebles, viajes y a sufragar un alto nivel de vida, se disparan, y superan los ingresos, deberían ambos pensar que de alguna parte debe salir el dinero, y no precisamente de una entidad sin ánimo de lucro.
En todo caso, conocida la declaración del arrepentido, será imprescindible abrir una nueva causa para investigar con más rigor a todos los que controlaban las administraciones públicas en las Comunidades de Valencia y Baleares, por regalar dinero público a cambio de nada. Se está hablando de casi seis millones de euros, más de mil millones de las antiguas pesetas, y esto es mucho dinero sustraído de nuestros bolsillos con la colaboración de muchos políticos aforados. Don Mariano, ahora que está empeñado en regenerar la democracia, ¿se anima a sugerirlo al Fiscal General del Estado, para que persiga a los suyos?. Sería una buena iniciativa para empezar a ser creíble. ¿Y si hablase su contable, el que está en la cárcel, un tal Luis Bárcenas?; recen para que no lo haga disfrazado de “arrepentido”.
Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA
