El presidente de Unicaja, Braulio Medel, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar en el caso de los ERE y las acusaciones que ejercen el PP y Manos Limpias han pedido que se le imponga una fianza de responsabilidad civil.

Media hora
Medel ha permanecido apenas media hora ante la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, quien le ha imputado por las ayudas aprobadas por el Consejo Rector de las agencias IFA e IDEA cuando él formaba parte del mismo en representación de las cajas de ahorro.

Sin medidas de responsabilidad civil
Ni el fiscal ni la abogada de la Junta han pedido para él medidas de responsabilidad civil, el PP lo ha dejado a criterio de la juez y Manos Limpias no ha fijado ninguna cantidad pero ha afirmado que el perjuicio para las arcas públicas por las ayudas aprobadas bajo su mandato equivale a 117 millones de euros.

Recurso contra su imputación
Fuentes del caso han recordado a los periodistas que Medel tiene recurrida su imputación por los ERE porque formaba parte del Consejo Rector de manera representativa, no ejecutiva, y se trataba de un cargo no remunerado, y además las ayudas investigadas fueron finalmente aprobadas en la Ley de Presupuestos de la Junta.

Fiscalía pidió suspender la declaración
Además, la defensa ha recordado que la propia Fiscalía Anticorrupción ha pedido suspender esta y otras declaraciones hasta que se resuelva su recurso para separar la causa en piezas, una por cada ayuda investigada, y aún no se ha incorporado un informe de la Guardia Civil sobre estas subvenciones.
Sobre las fianzas pedidas por las acusaciones, la defensa ha afirmado que se trata de una medida "carente de legitimidad", ya que una acción popular no puede instar una medida de responsabilidad civil y, a su juicio, "solamente buscan un titular".

Más comparecencias
Hoy también han comparecido ante Alaya otros tres exmiembros del Consejo Rector de IFA/IDEA: Felipe Romera, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía; Isabel de Haro, ex secretaria general de Desarrollo Industrial, y Pilar Rodríguez López, ex secretaria general de Telecomunicaciones, que también se han acogido a su derecho a no declarar.