El juicio contra el saqueo de Caixa Penedès que libró a cuatro banqueros de ir a la cárcel a cambio de que devolvieran 28,6 millones de euros de los 30,6 millones de los planes de pensiones que se habían asignado ha levantado una amplia polémica. Si por un lado están quienes aplauden el primer proceso contra directos corruptos de la banca y que se recupere una parte del dinero, la mayoría critica que la Justicia les evite entrar en prisión. Entre los comentarios que se suceden en las redes sociales, algunos recuerdan que  que muchas familias que han perdido sus casas no han podido conseguir siquiera la dación en pago. Caixa Penedès recibió una aportación pública de 915 millones de euros a través del FROB.

 

 

 

 

 

 

 

La rebaja de penas
El juicio de las cajas de ahorros en España terminó este jueves con la condena a dos años de cárcel para Ricard Pagès, exdirector de Caixa Penedès, y de un año para cada uno de los tres principales miembros de su cúpula por un delito continuado de administración desleal. Los cuatro exdirectivos de la desaparecida entidad consiguieron una sustancial rebaja de la pena en el último momento, tras admitir el delito ante la Audiencia Nacional y devolver casi todo el dinero.

Las pensiones millonarias que se autoadjudicaron
Ricard Pagès tenía asignado un retiro de 11,6 millones y Manuel Troyano, que llegó a director general adjunto en 2007, 6,1 millones. Por su parte, Santiago Abella, que también ocupó el cargo de director general adjunto y se jubiló en 2007 reintegrará 5,7 millones; Juan Caellas, que sustituyó a Pagés al frente de la dirección, tendrá que devolver 4,8 millones.

En su intervención en el juicio, Pagès justificó los planes de pensiones que se repartieron los directivos y que se privatizaron a través de un sistema de pólizas que no pasaron por la supervisión de órganos de control.