En al año 2010 el entonces Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, calificó a la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) como "lo peor de lo peor". La CAM, controlada férreamente por el PP, partido de poder absoluto en la Comunidad Valenciana, fue saqueada y llevada a la ruina por sus ex directivos hasta el punto de que el Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) que es un organismo estatal, ha pedido penas de hasta seis años de cárcel. El colmo de la caradura de estos ex directivos es que pretenden pagar sus fianzas a costa del dinero de los ahorradores de la antigua CAM, quieren que se pague las fianzas con una póliza de seguro de responsabilidad civil que suscribieron con la aseguradora Caser y que pagaba la antigua caja en vez de pagarla de sus bolsillos.

Como atracadores
El fiscal se opone a que los 19 altos cargos que recibieron sobresueldos por ser miembros de la comisión de control del holding inmobiliario de la CAM paguen los 1,5 millones de euros impuestos de fianza por el magistrado que instruye el caso, Javier Gómez Bermúdez. En un escrito dirigido al juez, la fiscalía pone el siguiente ejemplo: "Si un alto cargo de la CAM hubiese abierto la caja fuerte de una sucursal y se hubiese llevado el dinero, parece evidente que, aunque aportara la póliza de responsabilidad civil suscrita por Caser, ningún juez consideraría dicha póliza garantía suficiente, por la lógica razón de que un seguro de responsabilidad civil no puede cubrir las cantidades hurtadas o robadas por el propio asegurado".

Recuerda además el fiscal que solo cuatro de los acusados, Remedios Ramón, Asunción Martínez, Isabel Carbonero y Juan Espinar, pretenden utilizar la póliza para pagar sus fianzas e insiste en que si Caser puede pagar sus fianzas los embargos de los bienes practicados a los acusados o los depósitos efectuados tendrían que anularse.

Suscribieron la póliza en 2010
Hay un detalle más que llamativo, los ex directivos de la CAM suscribieron la póliza de seguro por responsabilidad civil en el año 2010, cuando era público y notorio que el Banco de España  estaba investigando a todas las cajas y cuando se descubrió que la mayoría de ellas estaban arruinadas. Por tanto la póliza, por un importe de 15 millones de euros, la suscribieron a sabiendas de que se emprenderían medidas legales contra ellos.

Además del proceso de quiebra de la caja por financiar operaciones urbanísticas sin garantía alguna, los ex directivos están acusados en esta causa de embolsarse sobresueldos de 30.000 euros al año cada uno, sobresueldos que  vulnerarían los estatutos de la caja.