La Consejería de Sanidad de Galicia ha calificado de “fallo” la negativa a atender a un bebé en el Hospital da Costa, si la madre, inmigrante, no pagaba la atención sanitaria. Las fuerzas políticas en la oposición y los sindicatos han exigido explicaciones al Gobierno del popular Alberto Núñez Feijóo por este caso de inhumanidad, que se salta, además, la ley, ya que todos los menores están cubiertos por el sistema público de salud. Un mes antes, en la Comunidad de Madrid, el Hospital Gregorio Marañón le negó las pruebas diagnósticas a otra inmigrante con un bulto en el pecho.

La tarjeta sanitaria del menor, en trámite
Se da la circunstancia de que el menor al que se le negó la asistencia en Galicia nació en España, en el mismo hospital que le negó la atención. La madre llevó al niño, de dos años, al centro porque tenía fiebre, mocos y lloraba. Pero en admisión le negaron la asistencia porque la tarjeta sanitaria del bebé está en trámite y en la provisional no consta derecho a asistencia.

No lo comprobaron en el sistema informático
La madre, natural de Cabo Verde, denunció, según La Voz de Galicia, que en Admisión se negaron a comprobar en el ordenador los datos del menor, que cuenta con DNI y número de la Seguridad Social. Como le dijeron que tenía que pagar los servicios, se marchó y le contó lo que había sucedido a un vecino que regresó con la mujer al hospital. Finalmente el niño fue atendido en el anexo para urgencias de primaria, el PAC de Burela.

El caso de la inmigrante con el bulto en el pecho
Rabab Badri, una joven marroquí, acudió a urgencias del hospital Gregorio Marañón de Madrid el pasado 1 de abril por un bulto en el pecho. Los profesionales que le atendieron le confirmaron que se trababa de un bulto de cinco milímetros, y que debía hacerse las pruebas diagnósticas para descartar un cáncer de mama. Debía hacerse un “estudio de imagen” y citarse con el ginecólogo de área para estudio, según adelantó el programa Al rojo vivo, en La Sexta.

Como no tiene papeles, debe pagar por las pruebas, según le informaron en el hospital. El problema es que sus recursos son escasos. Llegó a España a los seis años y perdió el permiso de residencia al cumplir los 18.Tiene tres hijos a los que mantiene con pequeños trabajos como limpiadora (le pagan en negro). Es, además, víctima de violencia de género.