Pero quien manda, manda. Llevamos años secuestrados por los mercados y los intereses económicos de los más poderosos, incluso de aquellos que practican la dictadura para imponer sus normas, y hemos aprendido con gran celeridad a hacer la genuflexión y agachar la cabeza ante ellos. Y en eso José María Aznar fue un precursor y un alumno destacado cuando nos hizo partícipes de la guerra de Irak por una foto, y poco más, convirtiéndonos en colaboradores innecesarios de un genocidio.
Para quienes pensamos que el dinero no hace un país, España tuvo unos años de gloria en el orden universal cuando decidió ampliar legalmente los límites de sus competencias para hacer justicia en todos los rincones del mundo, sabedora que la Corte Penal Internacional sólo vincula a los países que ratificaron el Estatuto de Roma, y obviamente EEUU y China no lo hicieron. Aún permanece en el recuerdo la época en la que el juez Garzón persiguió desde Madrid por todo el planeta al dictador Pinochet, y nuestro país era admirado y respetado fuera de nuestras fronteras por su dignidad en la defensa de los derechos humanos; pero eso eran otros tiempos, y ahora ya no nos queda ni juez ni norma legal que pudiese amparar sus decisiones.
Es indigno que un país, como China, en donde el respeto a los derechos humanos brilla por su ausencia, para conseguir la impunidad de su expresidente Jiang Zemin, acusado de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad en el Tíbet, con presiones económicas nos imponga la derogación de una norma legal que acaba con la justicia universal en nuestro país. Hemos cedido al chantaje, y mediante una reforma express, de esas aquí te pilló aquí te mato, hemos renunciado a la defensa universal de los derechos humanos, nada mas y nada menos.
Ahora hemos comenzado a sufrir los efectos colaterales, y la pasada semana en menos de 72 horas 12 narcotraficantes detenidos recientemente por transportar grandes alijos de droga han sido puestos en libertad, en aplicación de la reforma legal llevada a cabo por el gobierno del PP. Pero eso es lo de menos, dado que en el futuro no podremos actuar en aguas internacionales aunque sepamos que un barco transporta un gran cargamento de droga, salvo que tengamos la certeza de que son españoles y se dirigen a nuestro país. En la práctica hemos legalizado un corredor marítimo, lindando con nuestras aguas territoriales, para que los narcos de la droga puedan transportar la mercancía de forma segura. ¿Alguien se imagina lo que hubiese pasado si esto ocurre en la época de Zapatero?
En base a los argumentos que posibilitaron la imputación de Magdalena Álvarez, si la jueza Alaya fuese competente para tramitar una querella por prevaricación contra el Gobierno, a buen seguro preimputaría a Mariano Rajoy y a todos sus miembros por haber promovido una norma legal que posibilita la impunidad de asesinos, genocidas y narcotraficantes. Pero esto no deja de ser ciencia ficción.
¿Y qué dicen los ciudadanos a todo esto?. Nada, siguen en el limbo, y muchos preparan sus maletas para disfrutar sus vacaciones de Semana Santa. La defensa de los derechos humanos parece no ser una preocupación prioritaria.
Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA
