La federación de servicios financieros del sindicato Comisiones Obreras, COMFIA-CC OO, ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra varios directivos de Liberbank y el marido de María Dolores de Cospedal, José Ignacio López del Hierro por diversas irregularidades, entre otras incluir a dos de los querellados en el ERE de la entidad sin reunir los requisitos para acogerse al mismo y, además, seguir vinculados a la entidad como miembros del Consejo de Administración.

Un contrato bajo sospecha...
De López del Hierro, señala que, "además de ser conocido por ser marido de la Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha", fue también consejero de la Corporación Caja de Castilla La Mancha, "y como tal fue cesado una vez fue intervenida le entidad matriz". Pese a ello, añade, fue contratado por la entidad sucesora "y, al parecer, sin llevar a cabo prestación alguna".

...que apunta a posible tráfico de influencias y cohecho
Es más, subraya la querella, CCM mantuvo una serie de competencias tras ser intervenida la entidad, "sobre todo en la Fundación CCM, donde el gobierno de Castilla La Mancha, que precisamente preside la mujer del Sr. López del Hierro, tiene una enorme capacidad de decisión y competencias, todo ello además de la propia competencia en materia financiera regional que depende del propio órgano de gobierno regional". Tras esta exposición, interpretan que su contratación "en realidad obedecía a ciertos tráfico de influencias o de cohecho, pero en todo caso son ajenas al tráfico mercantil".

Transcripción de la grabación
En la querella se incluye la transcripción de la grabación en la que un miembro del comité de empresa de Bancantabria, (filial de Liberbank) y Fernando Soto, exdirectivo de la entidad y apoderado de Bancantabria Renting reconocen que no existe el contrato a José Ignacio López del Hierro a pesar de que la sociedad le pagaba casi 7.000 euros mensuales a través de una sociedad mercantil, Hilo de Inversiones, tal y como denunció ELPLURAL.COM. Este caso por presuntos cobros irregulares del marido de la número dos del PP fue archivado por la Fiscalía de Cantabria al considerar que no hubo irregularidad alguna. La querella en la Audiencia Nacional lo reactiva ahora.

La trampa del Consejo de Administración
Un recorrido similar tuvo la denuncia presentada en Asturias contra otros tres exdirectivos de Casjastur y que fue archivada. En concreto, contra Felipe Fernández, que se acogió al ERE pese a no reunir los requisitos para ello y continuó cobrando de la entidad como miembro del Consejo de Administración, al igual que los exdirectivos de Cajastur María Encarnación Paredes y Jesús María Alcalde Barrio, que se acogieron al ERE de la caja pero continuaron percibiendo retribuciones como miembros del Consejo de Administración de Liberbank.

Fraude fiscal
Sin embargo, en la querella presentada ahora CCOO insiste en los hechos y señala que, aunque acogerse al ERE implica la desvinculación efectiva del trabajador con la empresa, su continuidad hace que "hayan podido incurrir en un delito de fraude fiscal al no tributar por las indemnizaciones recibidas".

El sindicato acusa a todos los querellados de un delito de falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y administración desleal y añade el de defraudación fiscal a los cargos de Liberbank. La entidad se constituyó el 1 de septiembre de 2011 como consecuencia de la integración de las Cajas de Ahorros de Asturias, Extremadura y Cantabria, y es propietario del 75% del Banco CCM (antigua Caja de Ahorros de Castilla la Mancha).

Importantes ayudas públicas...
En su querella, alertan además de que este posible desvío de fondos se ha hecho en un banco que ha recibido "enormes ayudas públicas" por un importe de 124.000 millones de euros. CCOO incide en que la responsabilidad de los trabajadores, que soportaron "importantísimos sacrificios sociales" con tal de salvar la entidad, en contraste con la actitud de los directivos.

...que pudieron desviar a algunos de los querellados
Así, explican en su querella que, mientras "cercenaban los derechos de los trabajadores" se dedicaron también a abonar "importantísimas cantidades a determinadas personas, algunos de los querellados, simplemente por su relevancia institucional, en otros casos con abuso de la legislación para no tributar por unas indemnizaciones millonarias".