Agentes de la Policía Nacional, esta noche en el exterior de la sede del PP, en la calle Génova. EFE
No ha esperado el juez Pablo Ruz ni a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Sólo cuatro días después de volver a entrevistar a Luis Bárcenas ha puesto en marcha lo que da la sensación de ser una nueva vuelta de tuerca en su ‘asedio’ a Génova. Y el magistrado le ha puesto deberes para ello tanto a la Policía.., como al propio PP.
"Ruz ya da por hecho la existencia de una caja B en Génova"
En concreto, en una diligencia () requiere a la dirección del Partido Popular para que “en el plazo de 5 días, aporte ante este Juzgado, copia de la totalidad de las escrituras de poder que desde el año 2007 hubieren sido conferidas a favor de Luis Bárcenas Gutiérrez como consecuencia del ejercicio por el mismo de las funciones de gerente y tesorero de la formación política, así como de las escrituras que se hubieren otorgado en revocación de los referidos poderes”.
Fuentes cercanas al proceso con las que ha consultado ELPLURAL.COM, interpretan que el juez, “que en estos momentos ya da por hecho la existencia de una caja B en el PP, lo que está es intentado delimitar quiénes eran los responsables de todos los movimientos que se hacían con el dinero en negro que llegaba a Génova”.
Lo que se piensa en estos círculos cercanos a la instrucción del ‘caso Gürtel’ y de su pieza separada, ‘el asunto de los papeles Bárcenas’, es que el juez Ruz está buscando establecer con absoluta claridad la estructura económica del PP nacional, para delimitar responsabilidades: Qué poderes tenía el tesorero, y cuáles no, y cuándo dejó realmente de tener esas capacidades.
El conocimiento de los secretarios generales
Aquí conviene recordar dos asuntos. Por un lado, que Bárcenas en su declaración del pasado jueves ante Ruz declaró que todos los secretarios generales, sus jefes directos, conocían la existencia de la caja B (llegó a decir que cuando se va Naseiro quien le da ‘las llaves’ de acceso al dinero negro es Álvarez Cascos). Por otro, también es necesario recordar que Cristóbal Páez, el gerente que sucedió en el PP a Bárcenas, no sólo reconoció en su declaración en la Audiencia Nacional la existencia de pagos en negro en el partido, sino que dio a entender que aunque se le habían revocado teóricamente los poderes cuando fue imputado, Bárcenas seguía teniendo ‘mano’ en la contabilidad de Génova.
Hay otro asunto que el juez Ruz acelera con esta providencia. Las responsabilidades tributarias por las entregas de dinero presuntamente ilegales de quince constructoras que después habrían obtenido contratos con administraciones controladas por el Partido Popular. En este sentido, el juez pide que la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General del Estado evalúe el informe que sobre el tema hizo la UDEF y que le entregó al juez el pasado 11 de abril.
La discusión estaría sobre la obligatoriedad o no de pagar impuestos también sobre las donaciones 'ilegales'. El juez, y las fiscales, consideran que el PP tendría que haber pagado los impuestos por ese dinero. El PP y, curiosamente, la propia Agencia Tributaria piensan que no. Como se sabe, estas donaciones no constituyen delito penal, pero sí que existiría delito fiscal en toda donación realizada con posterioridad a 2008, ya que no habrían prescrito.
