Greenpeace ha recurrido ante el Supremo la sentencia que considera que El Algarrobico está en suelo urbanizable al entender que la resolución infringe la Ley del Suelo o de Patrimonio Natural, el derecho internacional y contradice veinte pronunciamientos de los tribunales.

No cabía recurso
El pasado 21 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconocía por primera vez que el sector donde se asienta el hotel El Algarrobico (Almería) es urbanizable. Aunque el fallo señalaba que no cabía recurso, Greenpeace opina que el hecho de no poder recurrir "causaría indefensión y discriminación puesto que la Sala del TSJA ha admitido varios recursos de este tipo con sentencias sobre el tipo de suelo". La sentencia, añade Greenpeace, contradice la de junio de 2012 del TSJA que restableció el suelo de El Algarrobico al nivel de protección de 1994, es decir área natural de interés general; ignora el fallo del TS de septiembre de 2011 que acuerda proteger El Algarrobico como área natural, y crea inseguridad jurídica al refutar la decisión del TSJA de marzo de 2008, por las que se pararon las obras del hotel por estar en Espacio Protegido. Además, opina, incumple el derecho comunitario, pues esta zona ha sido declarada Red Natura 2000, por ser un espacio de valores naturales únicos y que obliga a que los Lugares de Importancia Comunitaria sólo se pueden urbanizar por razones de interés público, entre otros muchos aspectos.

Un proceso que dura ya 25 años
Para este recurso Greenpeace ha tenido que pagar 1.290 euros, debido a la nueva Ley de Tasas judiciales aprobada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lo que supone "un nuevo escollo por la lucha ecologista en El Algarrobico y encarece" un proceso cuyo final aún es incierto y que dura 25 años. "El hotel ya es ilegal. Esta sentencia ratifica que si los políticos de la Junta de Andalucía y del Gobierno siguen esperando a que la justicia desenmarañe el lío creado por la posición ambigua de la Junta, nunca veremos el final de este gigante edificio ilegal de 14 plantas y 411 habitaciones", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.