Más varapalos para el Gobierno del Partido Popular y su nueva Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley mordaza. Al reciente informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial adviertiendo que aprecian varios apartados que incurren en inconstitucionalidad, ahora Jueces para la Democracia denuncia que esta Ley “nos lleva a concepciones propias de un Estado autoritario”. Por si algo faltaba, la Abogacía del Estado, no está de acuerdo en la propuesta de la alcaldesa Botella, propuesta bien vista por Interior, de cerrar el centro de las ciudades a las protestas. Un mal día para el Ejecutivo.

Inconstitucional
“El informe del Consejo General del Poder Judicial en el que se advierte sobre la inconstitucionalidad de diversos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno ha confirmado la preocupación de numerosos sectores jurídicos ante los recortes de libertades”, explica en un comunicado el portavoz de la Asociación Progresista Jueces para la Democracia.

Retroceso hacia un estado autoritario
JpD opina que la nueva regulación “supone graves limitaciones de los derechos de manifestación, de reunión, de información y de la libertad de expresión. Y representa un serio retroceso que nos lleva a concepciones propias de un Estado autoritario.”

“El ciudadano que protesta es el enemigo”
“Para el Gobierno, el ciudadano que protesta es el enemigo. Sin embargo, en una democracia constitucional no puede verse de forma negativa que las personas ejerzan sus derechos fundamentales. Ello es positivo para el intercambio de puntos de vista y para que se genere desde la pluralidad una opinión pública informada”, continúan.

Invisibilizar las manifestaciones
Los jueces califican de “última muestra de la falta de respeto a las posturas de los distintos grupos sociales”  a la propuesta de algunos sectores del Gobierno de limitar las zonas en las que se puede ejercer el derecho de manifestación. “Con ello se pretende invisibilizar las protestas y vaciarlas de contenido.”

Inadmisible intentar esconder el descontento
“Como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, el lugar en el que se ejercen los derechos fundamentales tiene una importancia sustancial para exteriorizar de forma clara las distintas opiniones. Por ello, no resulta admisible que un Gobierno pueda esconder las muestras de descontento hacia su gestión”

Convertir la desavenencia en conflicto
Con la Ley de Seguridad Ciudadana dicen que  “se pretende convertir en un conflicto de orden público lo que es una situación de desavenencias sociales inherente a un sistema democrático. En lugar de respetar las distintas formas de expresión de la disconformidad, el Gobierno ha optado por la represión de las críticas y por buscar fórmulas para que estas no sean visibles.”

Regulación manifiestamente inconstitucional
“No obstante –continúan- se está llegando a una regulación manifiestamente inconstitucional. Resulta abiertamente contrario a la Constitución que se puedan practicar detenciones por la comisión de faltas administrativas. Y también que la policía pueda realizar retenciones sin causa tasada y justificada.”

Ocultar excesos en el uso de la fuerza
Otra crítica que señalan los jueces es que la prohibición de difusión de imágenes de los agentes en el ejercicio de sus funciones “vulneraría el derecho fundamental de información e imposibilitaría que se puedan conocer excesos en el uso de la fuerza.”

Sanciones para acallar las críticas
Por otro lado, se castiga con sanciones económicas desorbitadas determinadas formas pacíficas de ejercicio del derecho de manifestación. Con toda esta regulación no se produce ninguna protección de la seguridad ciudadana, sino que el Gobierno pretende disponer de un instrumento para poder acallar las críticas sociales.

Enorme discrecionalidad de la Administración
Para los jueces progresistas “resulta especialmente censurable que las decisiones sobre materias vinculadas a los derechos fundamentales esenciales no queden atribuidas a órganos independientes, sino a la administración pública que es parte en los propios conflictos sociales que están teniendo lugar y a la que se reserva un enorme grado de discrecionalidad.”

Huida del control judicial
“Asimismo, se pretende huir del control judicial, ya que nuestros tribunales han considerado que no constituyen infracción penal las manifestaciones ante edificios oficiales, los escraches pacíficos o determinadas acciones contra los desahucios. Por ello, el Gobierno pretende reservarse la potestad de castigar directamente esas conductas”, destacan.

Ataque a los derechos fundamentales
Para concluir Jueces para la Democracia asevera: “En conjunto, la reforma que se impulsa resulta contraria a la pluralidad propia de una democracia constitucional y supone un inquietante ataque a nuestro sistema de derechos fundamentales".