Jueces para la Democracia denuncia que la nueva legislación que pretende el Gobierno de Mariano Rajoy con la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal en materia de orden público y la Ley de Seguridad Privada, producirá un importante recorte de libertades. Así lo han hecho público en un documento titulado “Orden público y restricción de las libertades" que entre otras cosas señala "lo innecesario de estas reformas" y “la criminalización de la disidencia”.
Conversión del conflicto social en conflicto de orden público, incremento desproporcionado de las penas, inseguridad jurídica, restricción gravísima del ejercicio de los derechos fundamentales… Jueces para la Democracia considera que estas nuevas leyes nacen de la tensión del desmantelamiento del Estado social, que supondrán un aumento de la actuación policial y de los castigos y fomentarán el desaliento entre la ciudadanía.
“Sin justificación para las reformas”
El análisis conjunto de los principios y contenidos de estas reformas lleva a la Asociación progresista de jueces a una primera conclusión: “No existe una justificación adecuada para las reformas de la legislación penal y administrativa en materia de orden público actualmente en trámite. Las mismas no obedecen a razones de seguridad, ni tampoco a necesidades de nuestra sociedad. Se trata de reformas que se realizan a partir de criterios de oportunidad política.”
“No hay problema de inseguridad”
Señalan los jueces que “los datos objetivos desmienten con carácter general que exista un problema de inseguridad en nuestro país. Nos encontramos en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo. También en el terreno de la criminalidad más grave estamos situados en los niveles inferiores.
Socialmente, sin sentido
“Si los datos objetivos desvirtúan el discurso oficial de la falta de seguridad, también lo hacen las percepciones subjetivas. Solo el 0,2% de la población considera que la inseguridad es el principal problema del país”, aseguran, y recalcan: “No existen problemas sociales de seguridad que justifiquen estas modificaciones legales.”
Las mayores restricciones de derechos fundamentales
“Estas reformas suponen las mayores restricciones de derechos fundamentales y libertades públicas de toda la etapa democrática. En concreto, limitarán especialmente el derecho de manifestación, el derecho de reunión, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la libertad personal y el derecho de huelga”, continúan.
De conflicto social al de orden público”
Más áun, estudiando el origen de las reformas afirman “se encuentra en las tensiones existentes ante al desmantelamiento del Estado Social. Ello está convirtiendo un conflicto social en un conflicto de orden público, por una gestión inadecuada de la pluralidad democrática por parte del poder ejecutivo.”
Incremento desproporcionado de las penas…
“La reforma penal incluye un incremento desproporcionado de las penas de los delitos existentes en materia de orden público, la creación añadida de tipos agravados y la incorporación de nuevas conductas delictivas”, afirman.
…en actuaciones críticas para el poder político
Para esta asociación judicial “las conductas delictivas novedosas se centran en actuaciones críticas que están resultando especialmente molestas para el poder político, como las movilizaciones de distintos colectivos sociales, la ocupación pacífica de entidades bancarias o la convocatoria de manifestaciones y concentraciones a través de las redes sociales.
Intimidación en el ejercicio de las libertades
“En el ámbito administrativo sancionador se incluyen numerosas infracciones nuevas, con sanciones económicas desorbitadas, desproporcionadas y que no incluyen elementos de graduación en función de la capacidad económica. La actuación inmediata por parte de la autoridad administrativa a través de acciones ejecutivas generará un efecto intimidatorio en el ejercicio de las libertades”.
Sancionar manifestaciones y reuniones
“Se parte de la orientación autoritaria de que el ejercicio de las libertades no tiene carácter positivo –explican- Por ello se agravan las penas en los supuestos en los que determinadas conductas se llevan a cabo con ocasión de manifestaciones o reuniones.”
Multas económicas desmesuradas
Lo mismo ocurre con las sanciones administrativas de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, “en las que se castiga con multas económicas desmesuradas numerosas conductas vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales”.
Aumentará la inseguridad jurídica
“Tanto las modificaciones del Código Penal como el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana regulan numerosas conductas muy abiertas, que se describen con escasa precisión, y en las que abundan los conceptos jurídicos indeterminados. Ello supone otorgar un peligroso margen de discrecionalidad a los poderes estatales, lo cual aumentará la inseguridad jurídica.”
Desconfianza política hacia el poder judicial
Aquí JpD señala un tema relevante: “La reforma del derecho administrativo sancionador se inspira en una perspectiva de desconfianza en la actuación del poder judicial, por no haber satisfecho las exigencias punitivas del poder político. En consecuencia, se extraen del control judicial previo determinadas conductas que podrán ser sancionadas por la autoridad gubernativa en un procedimiento que no dispone de las garantías con las que cuenta el proceso judicial.
Órganos directamente interesados
“Resulta preocupante –prosiguen- que dichas materias, vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales, no sean analizadas por órganos independientes e imparciales, sino por órganos administrativos como las delegaciones del gobierno, que tiene interés directo en los conflictos objeto de dichos procedimientos.
Más actuación policial y más detenciones
“La amplitud fáctica de las nuevas normas penales y la discrecionalidad en la valoración de las conductas sancionables administrativamente provocarán un incremento del margen de actuación policial”, dictaminan los jueces. “Ello supondrá intrusiones en las libertades, a través de detenciones y otras diligencias invasivas de derechos, basadas en la amplia cobertura de estas normas, con independencia del resultado del procedimiento penal o administrativo.”
Incremento de los castigos
Consideran además que “la severidad de las penas y sanciones administrativas, así como la amplia incorporación de nuevas conductas prohibidas, tendrá como consecuencia un incremento cualitativo y cuantitativo de los castigos.”
Desaliento en la ciudadanía
Finaliza Jueces para la Democracia señalando que se va a generar “un efecto de desaliento en el ejercicio de los derechos fundamentales, ante el riesgo de que eventuales circunstancias puedan provocar en el marco de una manifestación o de una reunión la privación de libertad o la insolvencia económica. En conjunto, las citadas reformas suponen un impacto considerable que erosiona nuestro sistema de derechos fundamentales.”
