Tal como se han puesto las cosas en este país, la verdadera justicia frente a los delitos cometidos por los poderosos sólo la pueden llevar a cabo jueces valientes y sacrificados, que son capaces de ejercer su función con los escasos medios que les facilitan a costa de un gran sacrificio personal, a sabiendas de que estarán sometidos a una soledad difícil de soportar y su trabajo puede resultar injustamente inútil, y siendo conscientes de que en cualquier momento pueden ser sometidos a una persecución implacable que acabará con su carrera profesional, y de que los fiscales que deberían de trabajar a su lado pueden convertirse en sus principales enemigos.

Obviamente me estoy refiriendo a jueces como Baltasar Garzón, Pablo Ruz, Elpidio José Silva, o José Castro, con cuya tenacidad y a pecho descubierto han cumplido fielmente con sus obligaciones, a sabiendas de que su cabeza está en juego cuando llegan a un punto en el que pueden resultar excesivamente molestos o peligrosos. Es entonces cuando, puestos de común acuerdo, quienes mueven las teclas del poder absoluto deciden decapitarles sin piedad, y ejemplos tenemos de ello.

La justicia se ha convertido en un gran tablero de ajedrez en donde los primeros en caer son los peones y los alfiles, e incluso por el camino son sacrificadas las torres, pero cuando queremos ir más allá la cosa se pone cruda, y peligra la permanencia de los que lo intentan. En esta situación resulta toda una heroicidad dar un paso al frente, y la mayoría de los jueces de alto nivel deciden mantener un perfil gris, y mirar para otro lado o no profundizar en aquellos temas en los que puede estar en juego la cabeza de un intocable.

Por eso podemos temblar  de solo pensar lo que puede ocurrir si sale adelante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende Gallardón, en la que se encomienda la instrucción de las causas penales a los fiscales, sometidos a la obediencia debida del Fiscal General del Estado, que a su vez es nombrado por el gobierno. De estar ya en vigor nadie duda de que en el caso  Gürtel se acabaría condenando solo a Luis Bárcenas y a los políticos de bajo nivel, el caso Blesa no existiría, y la Infanta Cristina nunca habría declarado como imputada. Es como introducirse en el túnel del tiempo para cambiar a un futuro peor aún.

¿Alguien se acuerda ahora de la implacable Fiscalía Anticorrupción?. Ahora los fiscales, con minúscula, por activa o por pasiva se han convertido en escudos defensores de los intocables, y la teoría Botín ya se encarga de mantener su impunidad cuando las acusaciones particulares pretenden sustituirles en su labor.

En estas circunstancias el panorama de nuestra justicia resulta aterrador, y si los ciudadanos no reaccionamos de inmediato castigando a quienes quieren acabar con la honestidad y dignidad de nuestro sistema judicial, muy pronto hablaremos de democracia como algo del pasado que se engulló un poder curiosamente salido de las urnas.

Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA