No hay caso
A finales de 2012, Hunosa, empresa pública controlada por Industria, denunció a la empresas Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero del Cantábrico, propiedad del polémico empresario leonés Vitorino Alonso, por la desaparición de medio millón de toneladas de carbón pagadas al empresario pero que no estaban en el Almacén estratégico Temporal de Carbón. Concretamente Hunosa presentó una querella criminal por apropiación indebida y estafa que le habría ocasionado un quebranto económico de 46 millones de euros. La rueda de prensa de la presidenta de Hunosa explicando la querella fue noticia en los informativos de radio y televisión a nivel nacional. Desde el primer momento los portavoces del empresario señalaron que la desaparición era falsa, dado que el carbón estaba depositado en varios almacenamientos repartidos por la cuenca minera leonesa, de hecho varios peritos certificaron que el carbón estaba y no había desaparecido.
El juzgado de Cangas de Narcea, en el que se realizaron diligencias previas, considera que se trata de un asunto civil (no penal) "que se origina como consecuencia de una discrepancia en la interpretación de los contratos suscritos entre ambas compañías mineras y Hunosa". Ni el juez ni el fiscal ven indicios de delito.
Asfixia a la minería
José Luis Rodríguez Zapatero declaró al carbón reserva estratégica nacional y el ex ministro de Industria, Miguel Sebastián, modificó la Ley para dar prioridad al consumo de carbón nacional, algo que denunciaron las eléctricas. Todo ello para salvar a las cuencas mineras españolas de la desaparición. Además el Gobierno Zapatero dejó cerrada en la Unión Europea un marco estable para el carbón hasta 2018. El PP siempre se opuso, el propio Mariano Rajoy siendo líder de la oposición reprochó al entonces presidente Zapatero en el Congreso de los Diputados que derrochara dinero público ayudando a las minas de carbón. Con la llegada de Rajoy al Gobierno se cumplieron los peores temores, el Gobierno bloqueó todas las ayudas al sector, tanto a la producción de carbón como a la reactivación de las cuencas mineras.
La consecuencia fue que los mineros estuvieron una año sin cobrar, de huelga en huelga, con una asfixia económica de la que no se recuperarán. Se ha despedido a trabajadores, se les ha bajado el sueldo a niveles rayanos en la explotación y la situación en las cuencas en dramática. Tanto el ministro como el PP lo que hacen es culpar a Zapatero en una mentira que los hechos no sostienen. El Gobierno del PP paralizó y bloqueó lo pactado con Bruselas y los sindicatos con un único objetivo: acabar con la minería de carbón a la que considera cara y obsoleta.
El empresario estudia pedir daños y perjuicios
En un comunicado hecho público por el Grupo Alonso se recuerda que la empresa denunció a Hunosa en los juzgados de Oviedo porque suspendió el pago de contratos, lo que llevó "a la asfixia económica" a sus empresas. Señala también que la denuncia de Hunosa "anunciada a bombo y platillo" consiguió crear "un estado de opinión adecuado para favorecer la denegación de 50 millones de euros en ayudas de 2012 a ambas empresas, las dos mayores de España en aquel momento, provocando la situación concursal en que se hayan inmersas, a la que cabe añadir la liquidación de gran parte de sus empresas auxiliares".
Como consecuencia de la querella criminal presentada por Hunosa, el Ministerio bloqueó las ayudas a las dos empresas mineras que entraron en suspensión de pagos y actualmente están en concurso de acreedores. Los que han pagado el pato de este despropósito, los trabajadores (en ERE, despidos, meses sin cobrar). El Grupo Alonso responsabiliza a Hunosa de la pérdida de mil puestos de trabajo y no descarta pedir indemnizaciones por daños y perjuicios.
