“Incumplimientos flagrantes”
Esta petición de comparecencia se completa con una batería de preguntas del tipo de ¿Qué causas quedan afectadas? O ¿Por qué el Gobierno no cumple los compromisos que tiene con los convenios de derechos humanos? “En este apartado –dice Llamazares- los incumplimientos son flagrantes”.
RIS: “No osan toser a las grandes potencias”
Por otra parte, Lydia Vicente directora ejecutiva de Rights International Spain ha manifestado a ELPLURAL.COM: “Hay que exigir al Gobierno del Partido Popular que nos diga de forma honesta y valiente la razón por la que se está reformando la jurisdicción universal, que ha sido un instrumento útil en la lucha contra la impunidad. Que lo que se pretende es cerrar casos que son incómodos, no osar toserle a las grandes potencias.”
“Se saltan los informes”
Lydia Vicente coincide en su análisis con Gaspar Llamazares: “Han elegido la opción de un proposición de ley presentada por el Grupo parlamentario directamente al Congreso, y no un anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia porque se saltan así todos los informes preceptivos y los informes de los expertos que puedan dar su opinión”.
“Cerrar casos incómodos”
“Está claro que no interesa escuchar todas las voces para lograr el mayor consenso. Por supuesto, esto acelera el trámite de aprobación de la Ley, así que realmente lo que parece es que quieren cerrar ciertos casos incómodos cuanto antes”, continúa.
“Justificaciones falsas”
Lydia Vicente tacha de falsedad la afirmación que se incluye en la exposición de motivos cuando insisten en que la justificación de la reforma es la de cumplir con el Derecho internacional. “Ese argumento es falso. Por ejemplo, las limitaciones que imponen para poder investigar y perseguir los crímenes de guerra choca frontalmente con las obligaciones que imponen los Convenios de Ginebra”.
Obligación de buscar a los criminales
Los citados convenios indican que “cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquier de las infracciones graves [“crímenes de guerra”], y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad”
“Compromiso: luchar contra la impunidad”
“Por otro lado también apela al 'consenso de la Comunidad internacional' y a los 'compromisos derivados de la ratificación por España…del Estatuto de la Corte Penal Internacional' –explica la jurista- Pues bien, el consenso de la Comunidad internacional recogido en el propio Estatuto de Roma es precisamente el de luchar contra la impunidad de crímenes internacionales, que 'es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales'.
Un deber de todos los Estados
“La reforma insiste en que España no intervendrá si la Corte Penal Internacional interviene. Pero esta no es la regla que contiene el Estatuto de Roma. El principio de complementariedad que incorpora el Estatuto de Roma no significa que los tribunales nacionales son 'subsidiarios' de la CPI; más bien, todo lo contrario. A la CPI no le corresponde intervenir en primera instancia, sino que es un deber de los Estados parte del Estatuto de Roma ejercer en primer término su propia jurisdicción.”
“Desaparece la acción popular”
Sobre la pretensión que incluye la proposición no de ley de que estos crímenes sólo puedan ser perseguidos en España previa interposición de querella por la víctima (acusación particular) o por el Ministerio Fiscal, cuando éste nunca ha intervenido de oficio, afirma: “Es todo lo contrario, generalmente, la fiscalía se ha opuesto. Así, desaparece la acción popular".
Casos sobreseídos
Por último Lydia Vicente analiza la mención a la retroactividad: “La reforma será aplicable de forma retroactiva a los casos que están ya abiertos y siendo investigados. La Disposición Transitoria, prevé que hasta que no se pruebe que se cumplen los nuevos requisitos, los casos abiertos serán sobreseídos.”
“¡Que nos nos engañen!”
“¡Que no nos engañen! Que no hablen de cumplir con las normas internacionales. Que lo que se pretende es cerrar casos que son incómodos. Y lo que tienen que hacer es abrir el debate necesario en la sociedad, sin impedir su participación y obteniendo el mayor consenso posible”, concluye la jurista.
