El secretario de Estado de Seguridad,Francisco Martínez. EFE/Archivo
La aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada, que dará luz verde a vigilantes de empresas privadas para que puedan cachear y detener en la calle a cualquier ciudadano tiene como un objetivo clave potenciar negocio a este sector. No es una acusación proveniente de la oposición ni de movimientos sociales, lo ha admitido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Este miércoles las redes sociales ardían por los numerosos comentarios que recordaban las conexiones de dirigentes del PP con este negocio.
Conectar lo público y lo privado
Francisco Martínez reconoció ayer ante unos 300 representantes de empresas de Seguridad, durante la entrega de los XXVII Trofeos de la Seguridad convocados por la revista Seguritecnia, que la nueva ley tiene entre sus principales objetivos ayudar a consolidar ese sector económico que ha sufrido dificultades durante la crisis. El número dos de Interior explicó que la intención del Gobierno es propiciar que el marco legal beneficie a todos, y que "conectar lo público y lo privado supone una muestra de sensatez". El presidente del Consejo Asesor de Seguritecnia, Miguel Ángel Fernández Roncaño, agradeció al Gobierno que cumpla “lo que prometió" y recoja en su ley las sugerencias del sector.
El sector agradece a Rajoy que cumpla "lo que prometió"
Martínez también insistió en el mensaje trasmitido anteriormente por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que justificó que se favorezca a la seguridad privada por la importancia del sector, que integran unas 1.500 empresas, que factura 3.600 millones de euros al año y emplea a 90.000 personas, según dijo.
Los "amplios intereses de la familia Mayor Oreja"
Pero la otra cara de este asunto pone en cuestión los verdaderos intereses del Gobierno, dada la polémica sobre vínculos de dirigentes del PP con el negocio de la seguridad. Una polémica, que, por cierto, viene de lejos, y que sacó a la luz en 2002 el dirigente nacionalista Xavier Arzallus, quien en un acto público criticó los obstáculos puestos por el entonces Gobierno del PP para no aumentar los efectivos de la Policía autonómica. Arzallus dio a entender que podía haber una razón oculta en la actuación del Ejecutivo de Aznar: “No pienso, no quiero pensar que Rajoy [entonces ministro de Interior] esté anunciando un principio de privatización de la policía, acudir a las compañías privadas, ¿no?, en las que, por cierto, la familia Mayor Oreja tiene amplios intereses”.
Estaba clara la denuncia del dirigente nacionalista: el Gobierno mantenía un número insuficiente de agentes de la Policía para tener que recurrir a compañías de seguridad privada, que cubrieran el servicio de escoltas.
Rajoy se unió a Mayor Oreja, contra Arzallus
Las acusaciones de Arzallus encontraron respuesta por parte de Jaime Mayor que presentó una demanda por intromisión en el honor, a la que se sumaron sus hermanos y, curiosamente, Mariano Rajoy. Pero la Justicia no hizo más que confirmar que efectivamente los Mayor Oreja participaban en el negocio de la seguridad. Como recordó ayer ELPLURAL.COM, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria dio como probada la participación de Jaime Mayor Oreja en Eulen, y la de sus hermanos en empresas como Seguritec, Prosegur y Protección y Custodia.
La Justicia confirmó los "cargos" de los Mayor Oreja en empresas de seguridad
La Audiencia Provincial de Vitoria vino a confirmar lo que había dictaminado el juzgado de Primera Instancia. Luego, el Supremo sentenció que “de acuerdo con la documentación aportada relativa a las certificaciones del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil), desde 1992 hasta el momento en que se efectúan las declaraciones por parte del D. Xavier Arzallus Antia diferentes miembros de la familia Mayor Oreja habían ostentado y ostentaban cargos diversos en empresas privadas de seguridad”.
Los vínculos de Trillo con Prosegur
Otro dirigente del PP vinculado con empresas de seguridad y que también provocó polémica en su momento es Federico Trillo, actualmente embajador en Reino Unido. Los vínculos del exministro de Defensa fueron con la empresa de seguridad Prosegur, con quien mantuvo un contrato de asesoramiento desde su firma Estudio Jurídico Labor, que comparte con dos hijos.
Con Trillo Prosegur cuadruplicó la facturación con Defensa
El contrato de Trillo con Prosegur después de dejar el Ministerio de Defensa provocó una investigación de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública del Ministerio de todas las adjudicaciones dadas a la empresa privada de seguridad por valor de 7.154.151 euros durante la etapa de Trillo como ministro.
Prosegur, contratista de Defensa incrementó notablemente sus contratos con el ministerio entre los años 2000 y 2004, bajo el mandato de Trillo, y pasó de facturar 2.113.073 euros entre 1996 y 1999 a los 7.154.151 euros ya referidos. Durante la gestión de Trillo al frente de Defensa las contrataciones con las empresas de seguridad privada aumentaron considerablemente. En aquellas fechas se desveló la contratación de guardias jurados para la Academia de Zaragoza, según informó El País en aquellos años.
