El ministro de Industria, José Manuel Soria, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE

 

 


Es imposible que el cumplimiento del déficit comprometido con Bruselas, 6,5% del PIB incluyendo la ayuda a los bancos, vaya bien. Y lo es porque si el Gobierno tuviera las cuentas en orden no hubiera adoptado una medida que deja al ministro de Industria totalmente desautorizado, en ridículo ante los inversores extranjeros y al Gobierno al completo como un Ejecutivo sin palabra, que incumple en el último minuto un acuerdo que él mismo propuso. Este es el resumen de situación de la última decisión 'eléctrica' del equipo de Rajoy que tendrá consecuencias evidentes en los ciudadanos, porque es prácticamente imposible que no suba el recibo de la luz el próximo año, y repercusiones inmediatas en las empresas que arrancaron esta semana desplomándose en bolsa. Tienen que anotar, al menos durante unos meses, 3.600 millones de euros más en sus pérdidas y eso se traducirá en que no invertirán un euro y en que, probablemente, despedirán trabajadores.

'Atraco' de última hora
Todas las empresas del sector energético (Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Acciona, EON) están indignadas aunque no han alzado la voz públicamente contra el Gobierno. Entre otras cosas porque temen represalias. Pero lo sucedido es calificado por sus responsables como un 'atraco'. El Gobierno de Rajoy decidió recuperar la fórmula ideada y puesta en marcha por el ex ministro Miguel Sebastián para poner coto al déficit de tarifa, que consiste que una parte de los 20.000 millones que se debían en 2010 la pagaría el Estado, otra parte los consumidores (a través del recibo) y otra parte las empresas. El déficit de tarifa (la deuda del Estado por la diferencia entre el precio real de la energía y lo que se cobra a los consumidores) ha crecido en los dos años de Rajoy en otros 10.000 millones de euros y se calcula que está ya en 30.000. El ministro de Industria pactó con el sector que el Gobierno aportaría este año 3.600 millones de euros vía presupuestos generales del Estado, pero el pasado viernes, a última hora y en el Senado, el PP introdujo una enmienda por la que el acuerdo se volatizó. ¿La razón? Esos 3.600 millones hacían subir el déficit total del Estado unas décimas y el Gobierno español está seriamente advertido por Bruselas.

Ni reforma energética ni orden
El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, va de desastre en desastre hasta el punto de que destituyó a su primer secretario de Estado de Energía a los pocos meses de ser nombrado ministro. Ha aprobado lo que denominan 'reforma energética' que no es una reforma en el sentido real de la palabra, lo que ha hecho el Gobierno del PP es subir los impuestos a todas las empresas energéticas, crean nuevos impuestos para ellas y suprimir las ayudas a las renovables hasta el punto de que este sector afirma que el ministro de Industria les lleva a la ruina. Una reforma energética tiene que evaluar qué energía se produce en el país, cómo se genera, cunta consume y cuanto cuesta realmente. De eso no se ha hecho nada. Soria ha acabado con la minería del carbón, ha sido incapaz de cumplir la promesa del PP de reabrir la central nuclear de Garoña, ha dejado tocado de muerte al sector de las renovables e, incumpliendo su última palabra, deja la imagen de España como país serio y fiable a la altura del betún.

Si baja la luz es mérito de él, si sube culpa de los mercados
En lo que va de año la luz ha subido tres veces y bajó una. Cuando bajó el pasado mes de julio el ministro salió rápidamente en los medios de comunicación a atribuirse el descenso, pero hoy cambia de estrategia. En primer lugar, el ministro ha declarado que el recibo de la luz no tiene por qué subir el próximo año, luego añadió que el Gobierno sólo es responsable del 50% del recibo de la luz (algo cierto) y finalmente dijo que las eléctricas tampoco tendrían la culpa de que subiera porque, de ser así, "será por el mercado". El sector energético, privatizado en España, está fuertemente intervenido por la administración al ser un sector estratégico y, en todo caso,  ¿hay algún español dispuesto a creerse que las pérdidas de 3.600 millones de euros las van a asumir las eléctricas sin más?