La pobre es que no da abasto. Cuando no está en la calle Génova atendiendo a los medios y explicando el caso Bárcenas, o la red Gürtel, o algún escándalo valenciano, tiene que ir corriendo a Asturias, a apagar fuegos de rebelión interna, o bajar a Andalucía para poner orden en las antaño prietas filas de la derecha cortijera, apuntalar a su protegido Zoido y decir que no, que no toca todavía elegir candidato, o candidata, o sucesor o lo que sea, porque aquí quien manda es ella, que para eso viene y pasa más tiempo entre viejos olivos sedientos que en su frío despacho toledano.
Así que para evitar que se note su presencia, más rara que sus ausencias, y con la excusa de la crisis, del ahorro, de la austeridad y de otras muchas fórmulas de las que utiliza el PP para enmascarar sus auténticas inquietudes, la señora Cospedal ha tomado serias medidas a favor de ella misma y en contra de la democracia, de los ciudadanos, del control político ejercido por diversas instituciones independientes y en última instancia del propio Parlamento de Castilla y La Mancha, sede de la soberanía popular.
Tan aficionado como es el PP al Tribunal de Cuentas, y en Andalucía a la Cámara de Cuentas y sus rigurosos informes fiscalizadores, pues va y en el reino sacro de Cospedal suprime al Síndico de Cuentas, junto con el Consejo Económico y Social y otras importantes instituciones. Y todo ello con el argumento del ahorro, cuando tiran el dinero en una televisión pública que se ha convertido en un ejemplo mundial de manipulación y descaro, y que sigue los tristes pasos de Canal Nou, la televisión a la carta del mítico PP valenciano.
No contenta con estas medidas de ajuste fino, primero se recortaron los sueldos a los diputados, que dejaron de tener dedicación exclusiva, lo que supone un ataque directo a la función de control político de la oposición parlamentaria. Y además ahora se propone una rebaja del número de parlamentarios, para dejar a una Comunidad Autónoma de dos millones de habitantes con apenas 35 representantes regionales de la ciudadanía, y eso en el mejor de los casos. Una vergüenza. Por poner un ejemplo, en Andalucía cada parlamentario está asignado a tres comisiones, además de los Plenos y los posibles grupos de trabajo que se vayan creando. Una responsabilidad que requiere dedicación exclusiva y muchas horas de estudio y análisis de documentación. Eso sin contar las citas con ciudadanos, los correos recibidos, actos protocolarios, conferencias, y otros componentes del puesto asumido.
Una cosa, por tanto, es la desafección política, otra la austeridad, y una tercera muy diferente es romper las reglas del juego a favor del partido que gobierna, desde la mayoría absoluta, y sin cumplir ni de lejos el programa electoral. Todo esto está aconteciendo en Castilla y La Mancha, una Comunidad que puede dar una medida de la confianza que tiene el PP en las instituciones democráticas, y que puede convertirse en el nuevo referente de la derecha española, ahogada Valencia en un mar de lágrimas, corrupción y despilfarro.
El Parlamento tiene al menos cuatro funciones esenciales: la función representativa de los ciudadanos; la función legitimadora que le confiere la aprobación de las leyes a través del debate y el consenso; la función legislativa y finalmente la función de control político de la acción de gobierno. Lo saben muy bien los diputados andaluces del PP, que habrían organizado un escándalo mayúsculo si a los socialistas se nos hubiera ocurrido hacer algo similar al pucherazo manchego. Pero pueden estar tranquilos, nuestros genes son estrictamente democráticos.
Convirtiendo a la oposición en una oposición a tiempo parcial, no profesionalizada, dependiente de sus propios puestos de trabajo, Cospedal no trata de ahorrar dinero. Por dar un dato, el Parlamento manchego apenas cuenta con un presupuesto anual de dos millones de euros, sobre diez mil millones de presupuesto regional. El Parlamento de Andalucía cuesta menos de 4’5 euros por habitante y año. No es ahorro, es impedir la vigilancia de sus actos, gobernar sin oposición, convertir la democracia en una suerte de dictablanda, con instituciones vacías de contenidos y con los mecanismos de equilibrio del poder (checks and balances) desactivados.
La última perversión, la reducción de parlamentarios a una horquilla de entre 25 y 35 permite al PP manchego casi garantizarse la reelección, al tiempo que impide de hecho la pluralidad política al aumentar el nivel mínimo de votos necesarios para llegar al parlamento. Todos los expertos apuntan a un resultado previsible, en un contexto de igualdad política como el que se ha vivido en esa Comunidad en los últimos tiempos: bipartidismo PP-PSOE, con mayoría para el PP gracias a esa reforma a la carta del sistema electoral. Un auténtico y vergonzoso pucherazo.
El debate en el Congreso de los Diputados, el pasado 19 de noviembre, de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y La Mancha supuso el prendimiento de la hoguera en la que Cospedal va a cocinar a fuego más rápido que lento su receta política antidemocrática. El debate no tiene desperdicio. En el Bundestag alemán, una exposición permanente recuerda que hubo quien desmanteló la democracia desde dentro, gracias a unas elecciones democráticas y al fervor popular. Una puntual mayoría absoluta no supone en ningún caso un cheque en blanco para desmantelar los equilibrios del sistema, ni mucho menos para acabar con la oposición y con su tarea constitucional de control político de la acción de gobierno. En materia de respeto institucional, Cospedal tiene las cosas muy claras. Lo suyo es el poder, y no la democracia.
* Enrique Benítez es diputado socialista por Málaga en el Parlamento andaluz
