Este jueves, el Congreso aprobaba la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno con los votos a favor del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria, por lo que se sobreentiende que la parlamentaria neoconservadora del partido de la gaviota por Segovia, la polémica y radical Beatriz Escudero, que tuvo su minuto de “gloria” en la tribuna de oradores del pasado mes de mayo al asegurar que las mujeres que abortaban eran las que menos estudios tenían, dijo sí a esta ley impulsada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Voto afirmativo que contradice su decisión, al día siguiente, al denunciar ante la Fiscalía al diputado socialista por Segovia y secretario general de este partido en la provincial, Juan Luis Gordo, por dar a conocer las retribuciones que el PP pagaba a la ahora parlamentaria de la Ciudad del Acueducto cuando era portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, y que solo entre 2007 y 2008 superaron los 36.000 euros.



“Datos reservados” de 36.431,99 euros
Cantidad que la diputada nacional del PP por Segovia considera personal y privada. Nada que ver, por lo tanto, con la ley que ella misma refrendaba en la mañana del jueves, por lo que estima que Juan Luis Gordo ha tenido “acceso no autorizado a datos reservados”, para posteriormente “divulgarlos ilícitamente”, lo que, según su denuncia, podría ser constitutivo de infracción penal. “Cualquier ciudadano está expuesto a que señores como el señor Gordo puedan espiarte de maneras que no son legales”, ha añadido ante los medios de comunicación, “se ha superado lo admisible en la crítica política y el difama que algo queda no lo he tolerado nunca y no lo voy a tolerar”.

Tribunal de Cuentas
En este sentido, llama la atención que Beatriz Escudero considere “datos reservados” el sueldo o “sobresueldo”, como dicen los socialistas, que ella misma reconoce que cobró del Partido Popular entre 2007 y 2008, cuando debería saber que si de verdad esa cantidad le fue entregada por el PP, y que ella asegura haber declarado ante Hacienda, el partido está obligado a presentar ante el Tribunal de Cuentas todos sus asientos contables, órgano fiscalizador que no considera “reservada” ni “privada” ninguna retribución política, ni siquiera la suya, la de 36.431,99 euros, por lo que la denuncia de la “diputada del aborto” tiene, hoy por hoy, poco recorrido jurídico, sobre todo sabiendo que al frente de la Fiscalía de Segovia se encuentra Antonio Silva, un fiscal solvente y gran conocedor de estos temas, forjado en los años más conflictivos vividos en Toledo, capital política de Castilla-La Mancha.

“Menos farándula y crónica rosa”
No cabe duda, la neocon se ha confundido de lleno y ha puesto en entredicho los postulados de la nueva Ley de Transparencia de Sáenz de Santamaría, que como su nombre indica busca luz y taquígrafos para que los políticos tengan “bolsillos de cristal”. Tal vez por eso, el PSOE ha pedido a Beatriz Escudero que se dedique a “defender los intereses de los segovianos y no a la farándula, ni a la crónica rosa, como una ‘Antoñita Fantástica’ cualquiera”.

12.000 personas en paro
En este sentido, el denunciado y secretario general del PSOE en Segovia, además de compañero parlamentario de la denunciante, Juan Luis Gordo, ha recordado a Escudero, en declaraciones a ELPLURAL.COM, que “hoy en nuestra provincia hay más de 12.000 personas en paro y los 32.000 pensionistas ven amenazado el poder adquisitivo de sus pensiones; a esto es a lo que se tiene que dedicar”, para seguidamente concretar, “si el PSOE pagase a su portavoz en el Ayuntamiento de Segovia esa cantidad (36.000 euros) estaría utilizando el 61 por ciento de sus recursos en cómputo anual, lo que haría inviable nuestra organización política en la provincia”. Ante esto, es lógico que Gordo se pregunte: ¿Paga el PP en este momento sueldo, sobresueldos o gastos de representación al actual portavoz del consistorio segoviano?