Los de menos de 20.000 habitantes
Los municipios de la comunidad en los que el núcleo competencial propio "está amenazado de lleno" son los de menos de 20.000 habitantes, que suman una población de más de tres millones de personas. Según ha detallado Valderas, el anteproyecto de ley implica una recentralización y control por parte del Gobierno que afectará a 691 de los 771 ayuntamientos andaluces. Estas pequeñas y medianas poblaciones podrán perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones provinciales, de acuerdo con lo previsto por la norma estatal. El titular de Administración Local también ha subrayado que, de estos municipios, 509 tienen menos de 5.000 habitantes (66% del total), lo que significa que podrán ser disueltos e intervenidos de forma unilateral.
Pone en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía
El vicepresidente ha denunciado "la injerencia y la alteración del poder local" reconocido y garantizado por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y reforzado por la Carta Europea de Autonomía Local. A su juicio, "es inadmisible" la intromisión del Ejecutivo central, que justifica la reforma por el "ahorro de unos 8.000 millones de euros" como consecuencia de una reordenación de competencias municipales. Frente a ello, ha recordado que la reforma pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de competencias como por las privatizaciones de servicios que propicia.
Los ayuntamientos serán "meros gestores"
En este sentido, Valderas ha señalado que "se vuelve a astillar la autonomía local" bajo el pretexto del ahorro de costes que se pretende conseguir con la devolución de competencias municipales consideradas impropias. Estas atribuciones, fundamentalmente en áreas como vivienda, turismo, servicios sociales y salud, pasarían a las comunidades autónomas en el plazo de un año desde la aprobación de la ley. Igualmente, el informe presentado al Consejo de Gobierno denuncia que esta merma en el autogobierno local afectará negativamente a los cauces de participación y relación con la ciudadanía, necesarios para atender las demandas vecinales, y convertirá a los ayuntamientos en "meros gestores" de los servicios obligatorios que coordinarán las diputaciones provinciales. Además, dejará a las corporaciones bajo el control potestativo del Ministerio de Hacienda que, de entrada, será el que evalúe el coste de todos los servicios (según el anteproyecto de ley, la competencia del servicio seguirá siendo municipal sólo si el coste que propone es "competitivo").
El 'Estatuto de los Ayuntamientos"
El vicepresidente de la Junta ha recordado que la reforma amenaza directamente el desarrollo de las leyes de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), en vigor desde 2010. La primera de estas normas, pionera en España y considerada como el 'Estatuto de los Ayuntamientos', reduce la tutela previa de la Junta sobre diversas materias y concede plena autonomía a los municipios para decidir cómo organizan su territorio, de qué forma se asocian con otros entes locales y qué mecanismos utilizan para prestar sus servicios. Asimismo, delimita sus competencias propias y fija los procedimientos para la posible transferencia de gestión desde la Administración autonómica. Por su parte, la Patrica garantiza a los entes locales una financiación incondicionada, es decir, respetando sus decisiones y prioridades de gasto.
Fusión de municipios
Otra de las amenazas a la autonomía local que se reflejan en el informe presentado ante el Consejo es la posibilidad de que el Estado promueva la fusión de municipios con la justificación de mejorar la capacidad de gestión. Valderas ha señalado que con esta vía se desactiva igualmente cualquier decisión democrática de segregación, ya que la norma estatal lo prohíbe por un periodo de diez años desde que se produce la fusión.
No ha tenido en cuenta ni a las comunidades ni a las administraciones
Finalmente, el vicepresidente ha recordado que en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley de reforma no se han tenido en cuenta ni a las comunidades autónomas ni a las administraciones afectadas, que son precisamente las que gestionan los asuntos más cercanos a la ciudadanía. En este sentido, Valderas ha anunciado que en septiembre informará en el Parlamento, a petición propia, sobre los efectos de la reforma en Andalucía y el posible conflicto de competencias que la Junta podría plantear ante la "irrupción del Estado" en las competencias y en las relaciones de la Administración autonómica con los municipios.
