El instructor del caso Gürtel y la pieza separada de 'los papeles de Bárcenas', el juez Pablo Ruz. / EFE
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe sobre si el Partido Popular y las personas físicas y jurídicas posibles preceptoras de dinero en negro pudieron cometer delitos fiscales y si estos presuntos delitos tienen "trascendencia penal". Asimismo, el magistrado ha pedido a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que determinen si los cargos del PP han cometido cohecho por las adjudicaciones públicas a empresarios que han realizado donaciones al partido.
El caso del arquitecto que reformó la sede en Génova
El instructor del caso Bárcenas explica en su providencia que realiza su petición "de forma específica" respecto del arquitecto Gonzalo Urquijo y su empresa, Unifica Servicios Integrales, encargada de realizar la reforma de la sede de Génova entre 2006 y 2008, y que aparece como preceptor, en los denominados papeles de Bárcenas, de un total de 637.000 euros en tres pagos realizados en dichos años.
Posibles delitos en el pago de impuestos
El juez de la Audiencia Nacional señala que, una vez han sido incorporadas a la causa la anotaciones contables originales y otra documentación entregada por Bárcenas el pasado lunes, los peritos de Hacienda deben determinar si hay delito cometido por el PP en relación al impuesto de sociedades y el IRPF (retenciones) para los ejercicios fiscales de 2007 en adelante, al encontrarse los anteriores prescritos, "efectuándose las oportunas estimaciones de cuotas que en cada caso procedieren", informa Europa Press.
El informe también deberá hacer mención a la posible trascendencia penal en que pudieran haber incurrido los supuestos preceptores de sobresueldos en B respecto de los mismos impuestos y también desde 2007, teniendo en cuenta la normativa vigente sobre el IVA, efectuándose igualmente las estimaciones de cuotas en cada caso
Un presunto cohecho
Ruz pide, por otra parte, a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que determinen la posible existencia de cohecho por vinculación "de las cantidades dinerarias supuestamente percibidas por el PP a través de sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, incluidas en la contabilidad B" con las adjudicaciones y contratos de los que hayan resultado beneficiadas "las sociedades relacionas con los querellados" durante el periodo objeto de la investigación.
