Una "oportunidad" para que las instituciones ganen "confianza y crédito"
La consejera ha subrayado así el interés de los ciudadanos por esta norma "que viene a adaptar las instituciones a un nuevo tiempo en el que los ciudadanos no piden la palabra, sino que la toman". En este sentido, ha afirmado que esta ley será la de "mayor trascendencia" de las que se firmen en esta legislatura, ya que "va a marcar un antes y un después en las relaciones" entre las instituciones y los ciudadanos. Por este motivo, ha afirmado que el documento supone una "oportunidad" para que las instituciones ganen la "confianza y el crédito de los ciudadanos en lo público", porque "la luz es el mejor desinfectante y cuánta más luz haya en su gestión, más garantías tendrán los ciudadanos".
Ley "ambiciosa y valiente"
Durante la inauguración, la consejera ha defendido que la ley es "ambicioa y valiente" y viene a profundizar en un camino que Andalucía ya transita desde hace tiempo y ha destacado que la comunidad está a la "cabeza de ránkings de transparencia". Entre otros aspectos de la norma, Díaz ha resaltado el amplio número de organismos a los que afecta, entre los que ha citado a adjudicatarios de contratos del sector público, beneficiarios de subvenciones, empresas y entidades que concierten con la Administración para la prestación de servicios de educación, sanidad o servicios sociales o empresas privadas que gestionan servicios públicos municipales.
Servirá para "romper falsos mitos"
En este punto, la consejera ha apuntado que la ley servirá para "romper con falsos mitos" sobre el coste o la eficiencia de los servicios públicos. Según ha explicado, esta Ley de Transparencia Pública va a permitir a los ciudadanos "tener conocimiento del coste y las condiciones en las que se prestan servicios" educativos, sanitarios o municipales, por lo que "podrán valorar qué es más eficaz y qué es más eficiente". Asimismo, ha señalado que la norma podrá corregir la tendencia que tienen las administraciones al silencio administrativo y ha señalado que el documento obliga a éstas a contestar en un plazo no superior a 20 días hábiles, menor que el que fija la Ley de Transparencia que está preparando el Gobierno central.
Agenda de cargos públicos
Del mismo modo, ha subrayado la valentía de la norma por el tipo de información que se va a dar, como presupuestos, cuentas anuales, la financiación de la comunidad, la deuda pública, el gasto en campañas de publicidad institucional, el catálogo de los procedimientos administrativos, etc., "pero también la agenda de los cargos públicos". Díaz ha señalado que la ley también obliga a la Administración local, entre otros asuntos, a informar sobre las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, a que se publique la versión inicial de ordenanzas y reglamentos, y que se retransmitan, siempre que sea posible, en directo, los plenos municipales o facilitar el acceso a un archivo grabado una vez celebrada la sesión.
"Abrir puertas y ventanas en las instituciones"
En este sentido, ha defendido que la futura ley debe permitir "abrir puertas y ventanas en las instituciones", así como "mejorar la corresponsabilidad de los ciudadanos en lo público". Y es que, en su opinión, "si eso es así" se conseguirá mejorar "el crédito y la credibilidad de los ciudadanos en lo público".
