215.000 dependientes reconocidos sin prestación
Hay casi 215.000 personas con derecho a prestaciones por dependencia con sus expedientes atascados, perdidos en un limbo administrativo y en muchos casos con más de dos años esperando. Muchos familiares de dependientes de avanzada edad denuncian que la administración no da respuesta porque espera a que fallezcan, algo que obviamente desmienten tanto Comunidades Autónomas como el Ministerio. El caso es que el Gobierno del PP no va a adoptar medida alguna para agilizar esos expedientes, al contrario las medidas que va a aprobar suponen revisar uno a uno los casos del casi millón de personas ya valoradas y con la prestación concedida.
Las comunidades temen más retrasos
El Imserso, dependiente del Ministerio de Sanidad, es el encargado de supervisar la Dependencia, y con el argumento de unas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, la ministra Ana Mato va a poner en marcha un nuevo banco de datos informático y un sistema de control que obligará a las autonomías a revisar uno a uno cada expediente. Se exigirán 59 datos de aspectos generales y 45 datos económicos de cada dependiente, lo que implicará elaborar desde cero el casi millón de fichas y exigir nueva información y papeleo a los beneficiarios.
Además del nuevo banco de datos, para que el Ministerio da un plazo de un año a las comunidades, el Gobierno quiere que mensualmente y antes del día 25 , un alto cargo autonómico de rango de director general para arriba, deberá certificar la veracidad de los datos incorporados al sistema informático y que deben reflejar altas, bajas, revisiones y modificaciones. Si la Comunidad no certifica esos datos antes del 25 de cada mes, el Estado central no pagará. No acaban aquí los controles administrativos, una vez al año y antes del 30 de abril, los gobiernos autonómicos deberán certificar ante el Ministerio en que se han gastado el dinero transferido por el Gobierno central para financiar la Dependencia.