Al Gobierno del PP no le interesa cumplir sus compromisos en materia de asilo y las autoridades priorizan “la lucha contra la inmigración irregular” frente al cumplimiento de los derechos humanos ha denunciado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en la presentación de su informe sobre la situación de los refugiados en España 2013. Sobre las personas desplazadas por los más recientes conflictos, España ha recibido 255 solicitudes de asilo de ciudadanos sirios y un centenar de peticiones de malienses pero “mientras nuestro país paralizaba las expulsiones de nacionales de Mali ante la dramática situación que se vive en esa zona del Sahel, inexplicablemente mantenía la exigencia de visado de tránsito para las personas que procedían de Siria”, explica CEAR.
Obligados a acoger a los ciudadanos sirios
“Frente al millón de personas que han tenido que huir de Siria, la llegada de 255 personas buscando protección en España no justifica de ningún modo una medida así. Sobre todo por su condición de refugiadas, condición que obliga a nuestro país a acogerlas y a facilitar su acceso al procedimiento de asilo. En ningún caso a obstaculizar su llegada a territorio español”.
Los países empobrecidos más solidarios
La mayor parte de las personas que solicitan protección internacional son acogidas en países empobrecidos que acogen a las cuatro quintas partes de quienes piden ayuda; existen más de quince millones de refugiados en el mundo y 876.100 ciudadanos que solicitan asilo sin que aún hayan recibido respuesta. Estas solicitudes a la espera se han dirigido en más de un 50% a países industrializados. España destaca junto a Portugal o Estonia por ser uno de los países con un porcentaje menor de acogimiento con 55, ocupando el número 26 del total de 27 países acogedores.
Menor interés para cumplir compromisos
Afirma CEAR que “las estadísticas españolas quedan muy por debajo de los estándares europeos, resultando especialmente preocupante el número de solicitudes de asilo realizadas en nuestro país. Las 2.565 peticiones recibidas en España frente a las 77.540 de Alemania o las 60.560 de Francia, evidencian, con respecto a los países del entorno, un menor interés por cumplir con los compromisos internacionales.
Procedimientos disuasorios
“Aunque las solicitudes presentadas en puestos fronterizos en 2012 aumentaron respecto al año anterior -continúan- la cifra sigue siendo especialmente baja y se enmarca en la línea descendente de los últimos años. Una vez más el régimen de visados, las sanciones a los transportistas y el férreo control fronterizo, entre otros factores, impidieron la llegada de personas necesitadas de protección internacional al territorio español. A esto se suma al carácter expeditivo y disuasorio del procedimiento fronterizo, la falta de información, la carencia de intérpretes y de asistencia jurídica especializada. La conjunción de estos factores explica el bajo número de solicitudes presentadas en las fronteras”.
Repatriaciones y expulsiones
También aparece como obstáculo en España para los necesitados de asilo según la organización, “la práctica sistemática de repatriaciones que en 2012 dieron un balance de 26.457 personas repatriadas. Esta cifra es la suma de la puesta en práctica de los distintos mecanismos que recoge la Ley de Extranjería para “expulsar” del país a la población indocumentada: 1.409 personas fueron readmitidas expulsadas de España en virtud de acuerdos de readmisión con terceros países), 6.271 devueltas, 8.647 sufrieron una denegación de entrada y 10.130 fueron expulsadas”.
Priorizan la lucha contra la “inmigración irregular”
En opinión de CEAR estas prácticas que indican son generalizadas en las Islas Canarias y en las costas andaluzas, “muestran cómo las autoridades españolas priorizan lo que han dado en llamar la lucha contra la inmigración irregular frente al cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos, vulnerando el derecho de protección internacional que ampara a las personas refugiadas y a otras personas en situación de especial vulnerabilidad, como las víctimas de trata o los menores no acompañados”.
Ceuta y Melilla ciudades cárcel
Afirman también que Ceuta y Melilla se están convirtiendo en una especie de grandes centros de internamiento o ciudades-cárcel, ya que muchas personas no pueden salir de ellas mientras se ejecutan las expulsiones o se tramitan los expedientes de asilo, dicen, “en contra de lo que indica el artículo 19 de la Constitución Española y la Ley de Asilo, en lo que representa un retroceso sin precedentes en el régimen de protección internacional en España”.
Negativa a las víctimas de trata sexual
Un tema especialmente doloroso es de las mujeres que sufren abusos sexuales en el que España tampoco parece dar la talla: “algunas mujeres que solicitaron protección internacional en puestos fronterizos, procedentes de Nigeria, República Democrática del Congo o Mali mostraban indicios de ser víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En estos casos la Oficina de Asilo y Refugio denegó todas y cada una de las solicitudes planteadas, alegando que no guardaban relación con los requisitos de la protección internacional, obviando, claramente, el motivo de persecución por género recogido en la Ley de Asilo”.
Manifiesto para que CEAR no desaparezca
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado defiende el derecho de asilo en el Estado español desde hace 35 años. Nació en la transición y tuvo un papel fundamental en la promulgación de la primera Ley de Asilo. Facilitan cada año un recurso residencial de acogida a 700 personas y asesoran anualmente a más de 35.000 personas refugiadas, apátridas, solicitantes de asilo y víctimas de trata de blancas. En estos momentos CEAR se encuentra en riesgo de desaparecer debido a las deudas acumuladas que proceden, explican “de los incumplimientos de pago de las administraciones autonómicas y locales”. Se ha hecho público un manifiesto al que se han adherido personalidades de todos los ámbitos y que se puede consultar en la página web de CEAR : www.cear.es
