¿Cómo se valora la legitimidad de un acuerdo entre fuerzas políticas democráticas en sede parlamentaria? Solo se me ocurre una respuesta. El acuerdo es legítimo si su contenido responde al interés general y resulta coherente con los principios de quienes lo suscriben. Es más, muchos consideramos ilegítima la conducta de aquel que teniendo la oportunidad de acordar una decisión en beneficio de la colectividad no lo hace por razones de interés particular. ¿Y cómo se establece hoy la oportunidad de un acuerdo político? También es fácil. El acuerdo es oportuno si contribuye a buscar soluciones a la crisis, al paro y a la precariedad social. Todo lo demás son cálculos más oportunistas que oportunos, y que no hacen sino alimentar la desafección de muchos ciudadanos hacia unos manejos políticos ajenos al bien común.
En consecuencia, es preciso centrarse en el objeto de los acuerdos a suscribir. ¿Puede respaldarse desde un partido de izquierdas el pacto que ofrece Rajoy para recortar las pensiones? Evidentemente no. ¿Cabe aceptar un acuerdo con el Gobierno en torno a la ley Wert? Tampoco. En ambos casos se trata de posibilidades de acuerdo que traicionan el interés general y que contravienen los principios más elementales de una formación política progresista. Ahora bien, ¿merece la pena considerar un acuerdo sobre la posición que debe adoptar nuestro país en el próximo Consejo Europeo, a fin de que las conclusiones de esta reunión trascendental contribuyan a corregir la estrategia de la austeridad suicida y fomenten el crecimiento económico y el empleo? Si es posible, sí, evidentemente. Pues en eso estamos. No se pactará de ningún modo el recorte de las pensiones ni la ley educativa segregadora y confesional, pero se intentará condicionar en sentido progresista la posición española ante la Unión Europea.
Seguir leyendo en el blog de Rafael Simancas
